El expediente Pegasus sigue siendo un malicioso yacimiento de verdades a medias, mentiras reveladas e insidiosos procesos de intención. En ese lodazal se embarró la razón de Estado, la única que debe prevalecer por encima de la nube especulativa donde flotan las "imputaciones sin pruebas" (Robles dixit).

A saber: la intromisión del CNI en la privacidad de los individuos, por razones de interés general (prevención o persecución de delitos) y siempre con autorización de un juez del Tribunal Supremo, es una herramienta más del Estado para defenderse de la subversión, el terrorismo o los ataques al vigente orden constitucional.

Precisamente son los grupos desafectos al orden constitucional (Podemos, Bildu, ERC, CUP, etc.) los que sepultan en el barro de la especulación la antedicha norma de funcionamiento del sistema. Los mismos que presionaron al Gobierno de Sánchez para que, a través de la presidenta del Congreso, eliminase otra de esas normas: la necesidad de contar con una mayoría cualificada del Congreso para poder formar parte de la comisión de secretos oficiales.

Efectivamente, los 3/5 de los escaños impuestos como vía de acceso a la comisión también era una herramienta del Estado pensada para que los dos grandes partidos, de inequívoca adhesión al sistema, pudieran frenar el acceso a los secretos de Estado de grupos alérgicos al Estado. De ahí las recurrentes analogías a la fábula del lobo y las ovejas encerrados en el mismo corral. Desde el sentido común es inexplicable la alianza con dichos grupos. Pero entre éstos, el estupor cursa como acusación al Gobierno, por la deslealtad que supone espiar al socio.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, en su breve conversación con el presidente del Gobierno, este viernes en el Círculo de Economía de Cataluña, ha vuelto a reprochar a Sánchez que se dedique a investigar a los amigos: "Lo que ha ocurrido es muy grave, nos tenemos que ver a solas". Otros creemos que lo reprochable no es el espionaje sino la alianza con el "espiable", al que no se espía por ser amigo sino por sus conductas eventualmente delictivas.

En cualquier caso, el espionaje (ejercido con orden judicial sobre dieciocho dirigentes independentistas, entre los cuales estaba Aragonés) retrata la enésima contradicción de unas alianzas tóxicas para el Gobierno de un partido tan comprometido con la Constitución como el PSOE.

Lo que ha provocado este culebrón, ejercido con orden judicial sobre dieciocho dirigentes independentistas, entre los cuales estaba Aragonés, es la enésima prueba de la fractura que habita en la coalición UP-PSOE de gobierno (el socio está claramente alineado con los independentistas en el caso "Pegasus") y el bloque parlamentario sobre el que se asienta.