Editorial

El precio de la luz enciende las alarmas de familias y empresas

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La escalada del precio de luz continúa pese al tímido intento del gobierno de contener la factura eléctrica a través de la reducción temporal del IVA del 21 al 10%. Las altas temperaturas, unidas al sistema por el que se casa el precio en el mercado mayorista atendiendo siempre a la energía cuyos costes de generación son más caros, han provocado que el precio medio de la luz alcanzara esta semana un nuevo récord histórico. En lo que llevamos del mes de julio ya se ha superado tres veces el segundo precio más caro de la historia, quedando en el recuerdo los 94,99 euros que se alcanzaron el pasado 8 de enero, coincidiendo con la borrasca Filomena que dejó el país, especialmente la zona centro, cubierto de un extenso manto blanco que otra borrasca, Hortensia, terminó convirtiendo en una pista de hielo.

Así las cosas, la factura de la luz de un usuario tipo se ha encarecido un 34,6% en la primera quincena de julio con respecto al mismo mes del año pasado. De seguir así, el desembolso medio se situará en 84,35 euros frente a los 62,67 euros de julio de 2020. La imparable escalada que los expertos vaticinan en las próximas semanas se comerá, por tanto, la reducción por la bajada del IVA que en todo caso es temporal y restrictiva, ya que no afecta a todos los consumidores. Es en este contexto en el que los empresarios burgaleses ya están advirtiendo que la inflación sin medida de uno de los costes variables más gravosos lastrará la recuperación de nuestras pymes.

Además del consumo de energía, transporte y distribución, en la factura de la luz estamos pagando otros conceptos que nada tienen que ver con el gasto real. Son los conocidos como ‘costes regulados’, que llegan a representar el 60% del pago y sobre los que sí tiene mucho que decir el Gobierno, que tiene plena capacidad para fijarlos. Entre ellos se encuentran las primas a las renovables o al uso del carbón nacional, la moratoria nuclear, la compensación económica por el sobrecoste que supone abastecer eléctricamente las islas o el déficit tarifario.

En medio aún de la crisis económica y social que ha provocado la pandemia, la subida continua de la luz es una carga que las familias no pueden seguir soportando. Y tampoco las empresas. El coste de la energía es, sin duda, un factor clave para la competitividad de un país por su efecto dinamizador y tractor de la actividad económica. 

Con unos precios desbocados, difícilmente las empresas españolas pueden competir con éxito en los mercados internacionales, con las consiguientes consecuencias sobre el empleo. Lo que abonan ciudadanos y empresas debe ceñirse exclusivamente al coste de su producción y distribución. Los regulados deben salir cuanto antes de la factura y pasar a los Presupuestos Generales del Estado. Todo lo demás serán parches que agravarán el problema. 



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