Mientras que, por una parte, se acusa al Gobierno de coalición y sobre todo a su presidente, Pedro Sánchez, se le acusa de haberse aprovechado de un acuerdo firmado por el Ejecutivo del PP con los sindicatos para subir el salario el 2% a los funcionarios para paliar los recortes que sufrieron en los años duros de la crisis, por otra se acusa al Ejecutivo de que con esta subida, sumada a la del 0,9% de las pensiones, el Gobierno está a punto de superar la previsión de déficit público para este año, cuando apenas lleva dos semanas en ejercicio. Es decir, el gobierno es simultáneamente responsable de  ‘apropiación indebida’ de un éxito de Rajoy y de aumentar los riesgos económicos por aplicarlo.

Pedro Sánchez intentó ayer convencer a los organismos internacionales y a los inversores más potentes de que nuestro país sigue siendo solvente, de que la economía mantiene un crecimiento superior al del resto de los países de nuestro entorno, -se pone el acento en la bajada de las previsiones- y el compromiso con el rigor fiscal, la reducción de la deuda y el déficit, junto con el empeño de aplicar una "justicia tributaria" que permita una mejor distribución de la riqueza. No obstante, el éxito del empeño económico del Gobierno de coalición dependerá una vez más de la Comisión Europea, si reduce la exigencia del cumplimiento del déficit público, que negocia la ministra de Economía, Nadia Calviño.  

El retraimiento económico ha comenzado a provoca una menor recaudación de impuestos por lo que cada vez se hace más necesaria la reforma fiscal que aproxime los impuestos reales a los nominales y la aprobación de los nuevos tributos ambientales y digitales. La OCDE es la encargada de lograr un acuerdo  respecto a la ‘tasa Google’ pero el Gobierno está dispuesto a aplicarla si no se alcanza a nivel global. Un empeño voluntarista que chocará con la oposición de la Administración Trump que ya ha logrado que Francia dilate su aplicación a la espera de la OCDE, y cuando las barbas del vecino veas pelar….

De forma simultánea se ha comenzado a revitalizar el diálogo social entre las tres partes, Gobierno, patronal y sindicatos, para abordar la subida del Salario Mínimo Interprofesional y la contrarreforma laboral. La vicepresidenta primera ha dado un respiro a los empresarios al afirmar que este año no se llegará al mileurismo para todos los trabajadores, aunque sí se revertirá con rapidez la infamia de los despidos por bajas médicas.

Si hasta ahora las discrepancias entre los dos socios del gobierno de coalición han sido de tono menor, las distintas posiciones sobre la reforma laboral sí pueden constituir el primer escollo serio entre ambos, porque frente a la disposición del Gobierno a acabar con los aspectos más lesivos que introdujo, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique reitera que el acuerdo firmado apuesta por la derogación prácticamente total de los cambios aplicados por el Gobierno del PP.

Tanto el PSOE como Unidas Podemos deben recordar que en la gestión económica, en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y de las laborales es donde se la juegan, que las reformas sociales suelen ser menos reconocidas en términos electorales que la sanción si la economía no avanza.