Entramos en la cuarta semana del estado de alarma con datos que comienzan a ser alentadores: se frena el número de contagios y de fallecimientos y parece que España está más cerca del ansiado pico, a partir del cual las cifras irían en descenso. Son buenas noticias, pero que en modo alguno deben llevarnos a bajar la guardia porque todavía estamos lejos de firmar la victoria sobre el Covid-19. Sigue habiendo presión asistencial y nos enfrentamos a un problema de gran calado, como el de los afectados asintomáticos, que podrían incrementar de manera exponencial los contagios e impedir la paulatina normalización de la vida económica y social. Por eso el siguiente paso es el de la generalización de los test para localizar y aislar a todas esas personas. El presidente del Ejecutivo, en su reunión telemática de ayer con los responsables autonómicos, prometió el envío de un millón de test con ese objetivo, al tiempo que les pedía una relación de infraestructuras en las que puedan ser acogidos para una cuarentena vigilada.

Los presidentes de las comunidades autónomas están de acuerdo en que el plan de desescalada del estado de alarma exige un control férreo de esos asintomáticos, sin descuidar lógicamente la práctica de test a los sanitarios y demás personal próximo a los enfermos y a quienes tienen síntomas sospechosos, pero piden ayuda al Gobierno central para no verse desbordados por una labor ingente, que vendría a sumarse a la de por sí complicada del día a día. Demandan ayuda económica, material en las cantidades suficientes, información permanente y coordinación. Nada puede quedar al azar, ni el más mínimo detalle puede dejarse a la improvisación, y menos ahora que vamos entrando en una fase algo menos severa de la epidemia. Ya hemos asistido a demasiadas medidas adoptadas de hoy para mañana, sin tiempo para hacerlas eficaces al cien por cien y dictadas más al albur de cada nuevo acontecimiento que a la necesaria previsión. Hay que aprender de los errores y acometer el camino hacia el final con mucha más agudeza y amplitud de miras que las demostradas en la primera fase de guerra contra el coronavirus.

Y en esta desescalada esperanzadora pero difícil aún, choca que se hable de reincorporar al trabajo en los hospitales a aquellos sanitarios que hayan pasado la enfermedad y lleven asintomáticos una semana, cuando los expertos plantean que han de pasar al menos catorce días para garantizar que no son un foco de contagio. A ver si lo que arreglamos por un lado vamos a estropearlo por otro, poniendo en riesgo a todo un colectivo que lucha en primera línea. Sería moralmente imperdonable y supondría un gran paso atrás.