Un día cualquiera se prometen en España docenas de medidas para que los trabajadores trabajen menos y ganen más. El horizonte que proponen los partidos políticos y las organizaciones sindicales que apuestan por este Brigadoon laboral imaginario es fantástico, un sueño para cualquiera. La semana de cuatro días, los permisos retribuidos de días o semanas por circunstancias de lo más variado que puedan surgirle al empleado o la empleada, la ampliación de bajas… son todos ellos avances en la defensa de los derechos de los trabajadores que nadie puede discutir. El problema es si nos los podemos permitir. Preguntémosle a los autónomos con un negocio al que asfixian las facturas, y con uno o dos empleados a los que puede pagar a duras penas, si le parecen bien los fines de semana de tres días, o las bajas de dos semanas para atender a familiares con problemas. A ver quién es el valiente que lo critica públicamente, y a ver quién puede sufragar todos estos adelantos en la lucha laboral contra el empresario salvaje.
Y luego están las ayudas. Las subvenciones a colectivos que lo necesitan por su situación de vulnerabilidad, cosa que líbrenos Dios de cuestionar, a nadie se le ocurriría hacerlo. Pero de su abuso nacen desigualdades peores que las que se tratan de evitar. Conozco a dos personas que han rebasado ya la barrera de los sesenta y están en situaciones laborales antagónicas. La primera, percibe la ayuda de cuatrocientos euros para parados mayores de edad que no encuentran empleo. Ha podido alquilar el pequeño local en el que tuvo su comercio veinte años, y junto a la ayuda, se apaña con mil cuatrocientos euros mensuales y ya no busca empleo ni lo va a hacer hasta la jubilación. Y luego está la segunda, que tras quedarse en situación de desempleo prefirió afrontar el reto de seguir activa y encontró un trabajo mal pagado, pero digno: el del mileurista. Son dos actitudes ante la vida laboral, en una sociedad que propicia la primera mucho más cómoda y relajante. Y con regalo inesperado: nuestra primera amiga cotiza con la subvención pública como si estuviera siendo remunerada por trabajar percibiendo el doble que nuestra segunda y abnegada amiga, que no va a tardar mucho en percatarse del mal negocio que está haciendo acudiendo cada día a su puesto de trabajo.
Añadamos a eso la nefasta situación de los salarios en España, con una inflación que no ha sido compensada en la mayoría de los casos. Pero la demagogia no nos deja ver el bosque: varios ministros del gobierno se manifestaron el lunes contra los empresarios para exigirles que suban los salarios a los trabajadores, pero no se acordaron de los trabajadores del Ministerio de Justicia, jueces, fiscales, letrados, funcionarios y forenses, que reclaman a su empleador, léase el gobierno, que les suba el sueldo.