La tercera semana de confinamiento en España termina con nuevas medidas intervencionistas que paralizan casi por completo la actividad productiva del país. Pero no sólo eso. La situación a la que han abocado las decisiones del gobierno en los últimos veinte días sitúan a España en un evidente estado de excepción encubierto, forzado por una interpretación completamente flexible y sin contestación de la alarma decretada el pasado día 15 de marzo. Hemos llegado al paraíso de los totalitarismos: tener a todos los ciudadanos controlados en sus domicilios, sin rendir cuentas a nadie y metiendo la mano en todas las actividades y derechos de los que pueden gozar los administrados. Con la aceptación general y silenciosa de una ciudadanía aterrorizada, entregada y anestesiada en su visión crítica, confiada únicamente en la buena fe y el acierto de los gestores de turno.

El Parlamento fue de los primeros en cerrar. En el precepto constitucional del estado de alarma no se indica por ningún lugar que pueda suspenderse el poder legislativo, en el que están representados los ciudadanos, y con él desaparezca el control parlamentario al gobierno por los grupos de oposición. Una clara vulneración de derechos políticos. El presidente ha decidido además ignorar por completo al resto de formaciones políticas y adopta sus decisiones sin hacerles cómplices ni establecer el más mínimo cauce de diálogo con ellas.

Los medios de comunicación, otro filtro de control al poder que el sistema democrático establece, no tienen ya derecho a preguntar de viva voz a quienes toman las decisiones. Las preguntas se han filtrado, se ha alterado su sentido, se han censurado y preparado previamente por los comparecientes, alguno de los cuales tiene incluso escrita la respuesta. Mordaza sería la palabra más acertada para definirlo, pero ya está muy usada y manoseada por otras batallas políticas pretéritas. Inventar las ruedas de prensa sin prensa hará pasar a la historia de la manipulación al responsable de Comunicación de este gobierno.

El escudo social frente a la crisis, etiqueta de la facción Podemos del gobierno, comporta la intervención del Estado en sectores como el financiero, la energía, la industria, las telecomunicaciones, la vivienda y el comercio. Y avisa de futuras expropiaciones forzosas si fracasa esta invasión contra la libertad de mercado. La hibernación de la economía, eslogan precocinado que prefieren los ministros socialistas, consiste en seguir cobrando los impuestos a empresas que ya no reciben ni un solo euro como ingreso. Se ha volado literalmente el aparato productivo de la economía y gracias a esas medidas el empobrecimiento será general cuando nos dejen recuperar el derecho a la libre movilidad.