Estamos a pocas horas de que el Rey proceda a designar un nuevo candidato a la investidura. O, en su defecto, de que decrete la disolución de las Cámaras y, por tanto tengamos que volver a las urnas para unas elecciones generales. Las cuartas en cuatro años. Una situación sin precedentes. Un disparate, que casi suena a estafa institucional.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones y líder del partido más votado, se empeña con escaso éxito en repartir culpas entre unos y otros. Pretende hacer responsables del desaguisado a todo el mundo. A Podemos, en primer lugar, al centro derecha, en segundo. También ha intentado señalar a la Constitución, concretamente, al artículo 99 que dispone la designación del candidato a investir. No le gusta. Quiere cambiarlo.
El Rey no se ha salvado de estas groseras manipulaciones políticas. Ha sido Pablo Iglesias en este caso quien, en declaraciones televisivas, afirma que le dirá al Rey que ejerza sus funciones de moderación y arbitraje y que le transmita a Sánchez que ha de plegarse a formar un Gobierno de coalición «para dar estabilidad a nuestro sistema parlamentario».
Severo error. El líder de Podemos interpreta en forma muy particular, en línea con sus intereses, lo que señala la Carta Magna. Nada tiene que decirles el Rey a los dirigentes políticos en esa ronda de contactos que arranca el lunes. Ha de escuchar, atender a sus mensajes y, en consecuencia, designar a quien goce de mayor respaldo para superar el trámite de la investidura.
Ya está bien de distorsionar la realidad. Es a Sánchez a quien le corresponde formar Gobierno. Las urnas han hablado y el líder socialista no ha hecho su papel. Ni a izquierdas ni a derechas. Parece querer unas nuevas elecciones para reforzar su bloque parlamentario, hundir a Podemos y forzar un cambio en el Partido Popular. Una jugada con enorme riesgo. Hay barones socialistas que ya están temblando.