Irene Montero cruzó esta semana una línea roja que todavía no se había cruzado en España. Al menos en democracia. Señaló por redes sociales a una ciudadana anónima, con nombres y apellidos, a la que acusó de especular con el precio del alquiler de una vivienda de su propiedad. La mujer, aseguran en Podemos, vive de las rentas de su patrimonio inmobiliario. Los inquilinos, responden sus críticos, llevaban diez años pagando 1.000 euros por 140 metros cuadrados en pleno barrio de Gracia. Se les pedían 300 euros más, lo que seguía dejando el precio por debajo de mercado.
Los detalles son lo de menos. Y dan igual los matices. Lo grave es que un político utilice su pegada para señalar a una persona anónima que además no ha cometido ningún delito. Se trata de una forma de actuar que recuerda a otras latitudes y a otros tiempos. En Aló Comandante, Hugo Chávez pronunciaba nombres a menudo. Lo han seguido haciendo Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. «Durante años, cuando Diosdado pronunciaba tu nombre en televisión sabías que tenías que irte de Venezuela», dice alguien que tuvo que huir de Caracas y rehacer su vida en Madrid.
No queda claro si lo de Montero -secundado por otras primeras espadas del partido como Rafa Mayoral o Ione Belarra- es un imperdonable patinazo fruto de su juventud e inexperiencia o si el populismo de Podemos ha entrado en una nueva etapa, si han pasado ya de pantalla. Lo segundo nos acercaría a escenarios distópicos, en los que el poder organiza linchamientos populares desde su atril privilegiado. Traten de imaginarlo ahora dentro del gobierno.