El Gobierno vuelve a practicar una política polar en la que, en menos de una semana, ha pasado del tancredismo frente al imparable avance de la pandemia y las súplicas de las comunidades autónomas para que se las diera cobertura jurídica a plantear medio año bajo alarma. Esto es, pide el apoyo para decretar un contexto de limitaciones y once prórrogas de una tacada, además de garantizar que el presidente del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, únicamente dará explicaciones al Congreso si le conviene hacerlo. Para todo lo demás, Illa.
La maniobra obedece a una hoja de ruta perfectamente diseñada y mal disimulada. La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, tardó minutos en acudir a los argumentos que se habían prescrito desde Moncloa si el PP no asentía sin condiciones a las pretensiones de un Gobierno que siete meses después se ha demostrado incapaz de atajar el asedio del virus. A saber: no se pongan ustedes en contra de sus propios presidentes autonómicos. Todo, una vez más, tan predecible que resulta pueril. Cuenta además el Gobierno con otra carta marcada. Los hechos consumados son tan atroces que difícilmente se puede practicar una política contraria a la imposición inmediata de restricciones serias, pero a esto no se ha llegado por acción, sí por inacción.
Se le abre ahora al PP recién emancipado de Vox una disyuntiva que tiene que resolver contrarreloj: apoyar o no apoyar el estado de alarma hasta mediados de primavera. Porque el Gobierno insiste en que serán las comunidades, y nadie más, las que decidan hasta dónde llevarlo en cada momento, pero precisamente por eso se está reescribiendo el guión de una película que ya hemos visto y no nos ha gustado nada. Cabe preguntarse, por ejemplo, si cuando llegue Navidad, por citar el ejemplo más ‘próximo en el tiempo’, cada región podrá decretar las medidas que considere o dejarlas en suspenso a capricho. Mismos caminos, mismos destinos.
Pero Casado tiene que responder y tiene que hacerlo ya. Las peticiones del líder popular al bipartito de Sánchez e Iglesias tienen fuste. Se ofrece el PP a apoyar sin condiciones el estado de alarma y tres prórrogas más con la finalidad de ver cómo llegamos a la campaña navideña. Además, pide que se reforme la Ley de Salud Pública para afrontar supuestos como el actual sin tener que acudir a medidas propias de estados en guerra. Parece cuerdo adaptar el ordenamiento jurídico a un mundo en el que las amenazas viajan sin pasaporte. Desde luego, tiempo ha habido. La predecible respuesta del Gobierno ha sido un no con el pretexto de que es lo que aconsejan los expertos. Al parecer, ya los han encontrado.