Para el presidente Sánchez, las críticas que han suscitado sus últimas reformas legislativas son solo "ruido y ganas de marear la perdiz". Ya veremos lo que dice el Tribunal Constitucional cuando se pronuncie sobre ellas y si recupera o no el prestigio, seriamente tocado con las maniobras políticas que han ayudado a su creciente desnaturalización. Hay que confiar en que los juristas que lo forman no se jueguen su prestigio y su carrera en la "obediencia debida". Por sus obras los conoceremos. A ellos, como ya conocemos a los ministros del Gobierno y a los diputados que lo apoyan. Algunos datos ya son evidentes: la ley del sí es sí va casi por las doscientas rebajas de condenas a violadores y libertad para dieciocho más. La reforma de la sedición y la malversación va por el mismo camino y beneficiará no solo a los condenados por el intento de golpe de Estado, sino a corruptos de izquierdas, de derechas y mediopensionistas. Y, además, están dejando en ridículo a nuestros jueces en Europa y desprestigiando a la justicia española. La ley trans y la nueva reforma del aborto, además de las consecuencias sociales, va a procurar daños irreversibles para muchas personas y beneficios para muy pocas. Ni el Gobierno ni los parlamentarios escucharon los gritos de alerta de abogados, juristas y expertos sobre los errores de estas leyes y la mala técnica legislativa, y los informes preceptivos de organismos como el Consejo de Estado o el Consejo General de Poder Judicial han sido intencionadamente evitados mediante una mala praxis legislativa. No es ruido, son hechos. Y no hay voluntad de rectificar.
La derecha y la izquierda sostienen que el Constitucional y el Consejo del Poder Judicial deben responder a las mayorías políticas de cada momento, es decir, convertirse en mini parlamentos, lo que no solo atenta contra la separación de poderes y la independencia judicial sino que convierte a los vigilados en vigilantes. Los zorros cuidando de las gallinas.
Hace algunos años, el Papa Benedicto XVI, uno de los grandes intelectuales de las últimas décadas, hablaba ante el Parlamento británico sobre la fundamentación ética de las deliberaciones políticas "que no pueden reducirse a meros consensos del momento". Y en otro Parlamento, el Bundestag, Ratzinger trató sobre la política como compromiso por la paz, la justicia y sobre el fundamento del derecho y dijo que "cuando se desvirtúa el derecho, se destruye la justicia". Ratzinger citó a San Agustín cuando decía: "Quita el derecho y, ¿entonces en qué se distingue el Estado de una banda de ladrones?".
Ni en Cataluña es mejor la convivencia con la aprobación de estas malas leyes --los delincuentes reforman la ley, se benefician de ello e insisten en seguir con su carrera y los vulnerados siguen siendo ciudadanos de segunda-- ni la sociedad está mejor con leyes que benefician a los violadores o a los corruptos y que ponen en manos de personas sin la suficiente madurez decisiones irreversibles.
Hay una falta de voluntad política de que la justicia sea independiente y eficiente. El bloqueo de los nombramientos en el Consejo del Poder Judicial está provocando que haya un 14 por ciento menos de plantilla en el Supremo, que los procedimientos se retrasen y que haya mil sentencias menos cada año en todas las Salas, con un perjuicio grave para los ciudadanos. Si de verdad quieren que la justicia funcione, hay que acabar con el bloqueo a este órgano y, simultáneamente, proceder a la renovación inmediata y reformar los sistemas de elección para acomodarlos a Europa y, sobre todo, para garantizar su independencia de quien, en cada momento, tiene el poder. Y legislar bien. Está dicho: si se desvirtúa el derecho, se destruye la justicia.