Asistimos estupefactos, preocupados, y hasta temerosos, al espectáculo ofrecido en la triste España de finales de agosto por muchos de nuestros gobernantes en el Estado o las Comunidades Autónomas que, ante los problemas acuciantes, reales y generales de sanidad (rebrotes del Covid) y educación (comienzo del curso con imprevisión), escurren su responsabilidad a través de la disolución de decisiones, que atribuyen tácitamente al sistema autonómico.
Esto da pie al simplismo y reduccionismo de muchos ciudadanos, que afirman convencidos que las Comunidades Autónomas son un cachondeo que impide afrontar soluciones, muy especialmente en tiempos de crisis. Algunos les contestamos siempre lo mismo: ¿preferiría que cada decisión la tome en todo caso La Moncloa y su círculo, en vez de sus poderes autonómicos?
Y aquí las respuestas son diversas, pues distinto está siendo el acierto de cada presidencia territorial. Lo que esto prueba es que la culpa de las desgracias llega de las personas y no de un sistema, que está pensado en momentos como éste para dar ejemplo de coordinación y eficacia, y que, si ello no se produce, no es por la falta de elementos constitucionales y legales de planificación y ejecución sino porque nos ha tocado este asunto, aquí y en algunos otros países, con la clase política más flojita y cortoplacista que se recuerda.
El sistema es claro y prevé la coordinación desde los poderes centrales de Madrid, que tienen capacidad para sostener una serie de potestades en el territorio nacional en estos casos; y las Comunidades Autónomas, por su parte, están previstas como mecanismos de orientación y señalamiento de los problemas, ejecutando por último las soluciones, de iniciativas propias o del Estado.
Lo que sucede es que en el entorno del presidente Sánchez, desde el minuto cero, la idea ha sido la traslación de la responsabilidad, primero hacia la propia ciudadanía haciéndola culpable de la extensión de contagios y hasta de la cooperación en la educación reglada de los menores, y segundo, hacia los territorios, escudándose en su autogobierno para evitar el desarrollo de la infraestructura jurídica de alcance nacional que en tiempos de crisis como el presente, le corresponde. Viene pasando en Sanidad y ahora se ha mostrado con toda su crudeza en Educación. Los Estados Compuestos requieren una considerable dosis de cultura democrática: si esta no se tiene o se entorpece por comodidad de las elites gobernantes, el caldo de cultivo para que naufrague estará servido.