El sector agrario ha sido reconocido una vez más en los últimos meses, con motivo de la crisis provocada por la pandemia, como una actividad estratégica que ha permitido a una población comunitaria de más de 500 millones de personas, disponer de una alimentación suficiente en volumen, calidad y precios frente a los problemas de suministros habidos en otras actividades económicas con una fuerte dependencia del exterior. Pero no han debido pensar lo mismo los responsables de la Comisión Europea a la vista de las actuaciones, iniciativas y propuestas hechas públicas en las últimas fechas por las que se pretende exigir más al campo por menos dinero, reduciendo los fondos para la PAC en el próximo período hasta 2027 en 35.000 millones de euros, lo que supone un ajuste medio del 9%. En el caso de España el recorte sería superior a los 4.000 millones de euros.
En esta dirección de mayores exigencias y controles en materia de sanidad y seguridad alimentaria se hallan las iniciativas ligadas al Pacto Verde Del campo a la mesa y Biodiversidad UE 2030 a las que nos hemos referido recientemente, por las que se plantea, en líneas generales, una reducción de fertilizantes del 20%, del 50% en el uso de fitosanitarios y antibióticos, así como unos mayores niveles de abandonos en las superficies de cultivo para recuperar los suelos.
A esas iniciativas por el clima y el medio ambiente se ha sumado ahora la propuesta comunitaria sobre asignación de fondos para el próximo período en la PAC, donde se plantea un fuerte recorte que afectará a la renta de agricultores y ganaderos en cuanto esas partidas suponen una media del 30% de la renta agraria en el caso de España. El sector también se queda en un segundo nivel a la hora de la distribución de los elevados recursos con los que Bruselas pretende hacer frente a la situación provocada por la crisis en todas las actividades económicas.
Las organizaciones coinciden en que se trata de una propuesta inaceptable que se debe modificar. Desde COAG, el secretario general, Miguel Blanco, reclama una posición firme del Gobierno, a la vez que denuncia la hipocresía de las autoridades comunitarias, que exigen cada vez más al sector agrario para afrontar la transición verde, pero que no piden lo mismo a las importaciones de terceros países. Para Pedro Barato, desde Asaja, es impresentable que después de reconocer el papel estratégico de la actividad agraria en esta crisis, inmediatamente después, se dé este varapalo a agricultores y ganaderos comunitarios frente al exterior. Desde Unión de Uniones se lamenta que, a una caída de la renta agraria del 9%, se añada ahora ese ajuste de fondos propuestos que supone una media del 30% de los ingresos de una explotación. UPA rechaza una propuesta que supone una «agresión a la explotación familiar».
Lo sucedido en este momento con la Política Agrícola Común no es algo que haya llegado por sorpresa. De suponer en un pasado lejano hasta un 50% del total de los recursos comunitarios, año tras año ha ido perdiendo peso en ese reparto ante la existencia ya de otras políticas comunes y la necesidad de asignar igualmente fondos para otras actividades igualmente prioritarias como la política de fronteras, la inmigración, el empleo o la digitalización para reducir ese porcentaje al 35% actual de todos los gastos comunitarios. Con las nuevas propuestas de los fondos de la UE, ese porcentaje se vería reducido a menos del 20%.
La propuesta de presupuesto para los próximos años viene precedida por la planteada ya desde la Comisión de 2018 por la que se contemplaba un ajuste superior al 15% para el conjunto de los fondos de la PAC, cifra ya en su día rechazada por el sector. La planteada ahora por Bruselas supone rebajar el conjunto de las partidas en un 9,1% pasando los mismos de 383.000 a 348.000 millones de euros en moneda constante, lo que supone un descenso de 35.000 millones de euros a razón de 5.000 euros menos cada ejercicio. Para las ayudas directas, la reducción es del 9,7%, pasando de 286.000 a 253.000 millones de euros, mientras para desarrollo rural el recorte se queda en un 6,3% desde los 96.000 a los 90.000 millones de euros. Para España los efectos se traducirían en un descenso de ingresos de unos 4.000 millones de euros para todo el período, cerca de 600 cada año.
Estrategia
Esta propuesta de recorte de fondos para la actividad agraria, en este momento, se debe contemplar igualmente en el marco de la estrategia diseñada por las autoridades comunitarias para hacer frente a la recuperación de la actividad económica en el conjunto de los sectores.
Según los datos manejados en este momento por Bruselas, el presupuesto estaría dotado de 1.100.000 millones de euros, a los que se sumarían otros 750.000 millones de euros a través del Nuevo Instrumento Financiero de Recuperación Económica. De ese fondo, la única salida concreta para el sector agrario han sido los 15.000 millones de euros que han ido a parar para desarrollo rural con el fin de apoyar las exigencias en materia de biodiversidad o para la estrategia del campo a la mesa. Del conjunto de las partidas de ese Instrumento existe también la posibilidad de captar recursos para las tareas de investigación.
Igualmente, hay acceso al llamado Fondo de Transición Justa, dotado de 40.000 millones de euros y por el que se pretende lograr una transición el marco comunitario para la reducción de los gases de efecto invernadero hasta una situación neutra. De ese mismo fondo, en medios agrarios se considera que se podrían captar recursos para la estrategia de los ecoesquemas, si bien, todo ello se halla en el aire.
Desde el Ministerio de Agricultura no se han hecho valoraciones a fondo sobre la propuesta comunitaria y se han limitado a señalar que la dotación financiera de la PAC, vía el nuevo Instrumento Financiero de Recuperación, se incrementa en 26.434 millones de euros sobre la dotación prevista inicialmente.