Como decía la semana pasada, la política no está en condiciones de hacernos felices, ni tampoco la mejor voluntad del legislador para procurar esa felicidad, podrá satisfacernos, más allá de que en estos días de campaña algunos sean propensos a vendernos la mismísima dicha: esto es la esperanza, la ilusión, pero nada más. Sin embargo, la organización política arropada y fundamentada en las constituciones avanzadas, sí que nos ofrece una alternativa, ‘un plan b’, para acompañarnos en nuestras pretensiones vitales más primeras y espontaneas, cuya satisfacción, al menos, contribuya a fomentar ese estado subjetivo de felicidad. Eso y no otra cosa, seguramente, era la pretensión de los constituyentes primeros, en la ola de revoluciones liberales que comienzan en el S. XVIII y durante el periodo fundacional de muchas repúblicas en el S. XIX: una ‘felicidad’ de naturaleza colectiva basada en el respeto de las libertades individuales, en la conformación de estructuras políticas más abiertas y permeables y, en resumen, en la porosidad de un gobierno justo y tratable, pensado para procurar, activa o pasivamente, el bien. Ese resorte o ‘plan b’ de las finalidades para sustituir, o más bien traducir y actualizar, aquella ‘felicidad’ a las necesidades vitales de hoy, es un conjunto de principios y valores que en el S. XXI veneramos en nuestras constituciones normativas y efectivas: libertad, justicia, igualdad, pluralismo o dignidad. Y que se acompañan por unos resortes de ejecución inmediata que los concretan, denominados derechos humanos. Con el imperio de los derechos humanos universalizados, se articula un código efectivo de normas, un estatuto de cada persona, y una coraza de protección colectiva, que sigue sin garantizar la felicidad personal pero que evita que el poder público sea, necesariamente, el causante de su ausencia (como puede que presumieran los primeros constituyentes, al valorar las estructuras previas de poder absoluto y tradicional). El trabajo de los derechos humanos en el campo de la consecución de lo material (paz social, aseguramiento de garantías, derechos prestacionales, etc.), también se acompaña al cabo de los años y del desarrollo de constituciones comprometidas con la efectividad de sus postulados, de una vocación por conseguir lo inmaterial o espiritual (cultura, ocio, protección de patrimonio histórico, identificación socio-comunitaria, y tantos otros derechos y facultades encaminados a enriquecer el libre desarrollo de la personalidad). La comunidad política, en definitiva, nos ofrece los mimbres para realizarnos, y ese espacio de libertades debemos recordarlo día a día, y exigir sobre el mismo, ante los poderes públicos y ante terceras personas, un manto de garantía y respeto.