Dos de las cinco grandes entidades bancarias de este país aceleran en estos días el proceso de adelgazamiento de sus plantillas. El Banco Santander se plantea un ajuste en el que prescindirá de entre 3500 y 4000 trabajadores tras la absorción del Banco Popular. Su negociación comenzará el próximo día 14. Por su parte, en Caixabank, la dirección y los sindicatos han llegado a un acuerdo que contempla la prejubilación voluntaria de 2000 trabajadores. Quienes decidan acogerse a la oferta y tengan más de 54 años cobrarán casi el 60% de su salario hasta los 63 años, recibirán una prima de entre 18.000 y 28.000 euros y tendrán cubiertas las cotizaciones a la Seguridad Social. 
Son un ejemplo más de un proceso que, desde que comenzó la crisis, ha llevado al cierre de la mitad de oficinas bancarias en todo el país y al despido de uno de cada tres trabajadores. Los procesos de fusión y la digitalización han sido las causas argüidas para acelerar el proceso, porque el sector, una vez saneado con un rescate público que pagaremos entre todos, ganó el año pasado casi 17.000 millones de euros, 45 millones al día. Las consecuencias de este ajuste han sido asimétricas. Los pueblos pequeños, algunos sin cobertura de red, y los clientes menos familiarizados con el mundo digital son los más perjudicados. Se puede entender que un negocio que maneja una materia prima cada vez más virtual, el dinero, tenga que adelgazar su red de oficinas reales. Y nos alegramos por los trabajadores que acepten la prejubilación en Caixabank que disfrutarán de un ERE de oro si lo comparamos con otros en otras empresas. Pero estos casos, como otros precedentes en grandes corporaciones privadas y públicas, desde Telefónica a RTVE, suscitan algunas dudas razonables. 
La primera, la gran paradoja que supone que mientras se retrasa la edad oficial de jubilación, ofertas como estas la anticipan una década en empresas con grandes beneficios y saneadas económicamente. La segunda es que desde hace más de una década, era entonces ministro de Trabajo Celestino Corbacho, se nos anunció la intención de acabar definitivamente con estas prejubilaciones. La tercera, la falta de control y exigencia que lleva a que un servicio público en manos privadas deje desasistidos a muchos ciudadanos para acceder a algo tan básico como obtener efectivo. Y la cuarta, la más incomprensible, la perversión de un sistema económico en el que a una empresa le sale más rentable pagar a una cantidad considerable de trabajadores por no trabajar que por hacerlo. Algo que parece incomprensible.