Con la próxima formación del nuevo Gobierno, el año que ahora comienza debería suponer una oportunidad para poner sobre la mesa algunos retos a medio plazo que se aparcaron en los años precedentes. 
A partir de este mes de enero, el Ministerio de Agricultura, las Comunidades Autónomas y las organizaciones representativas del sector agrario y las medioambientales tendrán que bajar a la arena para comenzar a plantear salidas sobre dónde ubicar y cómo distribuir los fondos de la futura reforma de la PAC. Hasta la fecha, los trabajos se han concretado en analizar la situación del sector desde diferentes perspectivas: despoblamiento, rentabilidad, tipos de explotaciones, empleo... Ahora toca decidir el reparto de los fondos, quiénes serían los beneficiarios prioritarios, el fin de los derechos de pagos históricos, o los derechos del básico, hoy en manos de quienes los solicitaron en el año 2014, que mantienen los mismos, aunque hayan dejado de labrar las tierras sobre las que adquirieron los mismos. Hay cosas incomprensibles y otras que no han funcionado.
En el mismo contexto de la futura reforma de la PAC, el sector ya se deberá ir preparado para lo que se viene encima en materia de política verde ante la decisión comunitaria de destinar más fondos, un 40 por ciento de todos los recursos PAC, al apoyo de las políticas verdes.
En Agricultura se espera y confía que se abra ahora un cierto período de estabilidad para abordar una política agraria con la mirada, al menos, en el medio plazo que permitan revisar algunas leyes que ya se han quedado viejas, como la de Modernización de las Explotaciones Agrarias; y, al mismo tiempo, poner en marcha otras, como una de Bases de la Agricultura.

Ahorro de costes

En 2020, también sería positivo para la rentabilidad de las explotaciones que funcionara una política de asesoramiento adecuada de cara a las nuevas necesidades y exigencias de los mercados para lograr un ahorro de costes. Es una aspiración de la que se habla cada año, pero que, sin embargo, no se llega nunca a concretar para sustituir el papel que tuvieron en su día de las Agencias de Extensión Agraria.
Para el sector agrario son importantes los precios de los mercados y su capacidad para operar en los mismos desde una posición de mayor fortaleza. Todo ello debería comenzar por una clarificación y un mayor control en la formación de los precios de los productos que adquiere el sector agrario y ahí también debería funcionar un Observatorio como el de la Cadena, dentro de lo que es la libertad de una economía de libre mercado.
En la línea opuesta, es importante que, por fin, se aborde la distribución adecuada de los beneficios de los productos en la cadena alimentaria y adecuar su normativa para que la Ley cumpla con los objetivos para los que estaba prevista para el sector agrario frente la distribución. 
No ha funcionado como era necesario la política para la integración de las entidades asociativas, no solo para hacer entidades más grandes, sino, sobre todo, para ser más protagonistas en los mercados. 
Asimismo, 2020 debería ser el año en el que por primera vez, a la sombra de la normativa comunitaria, se iniciara una política de autorregulación en sectores como el vino o el aceite de oliva.
Y se debería dar una respuesta a la situación de la Unión de Uniones para que deje de estar en Atocha de tapadillo si no hay voluntad de elecciones en el campo que pongan a cada uno en su sitio.
Además, están en marcha diferentes planes para la ordenación de sectores donde destacan las producciones de porcino y la avicultura y que se extienden a la fruta de hueso afectada por crisis de oferta en volumen y calidad.
Al seguro agrario le ha faltado impulso en los últimos años y le ha sobrado estabilidad al mantener un presupuesto de 211 millones de Agricultura para apoyar el pago de primas, cifra que en cada ejercicio se ha ido complementando con créditos extraordinarios que no han impedido la subida de las primas. 

Programa de fotocopia

En lo que se refiere al sector agrario y al mundo rural, el acuerdo entre el PSOE y Podemos para el Gobierno de coalición aporta pocas novedades sobre los programas que se han venido planteado en las últimas décadas. En un pacto donde el protagonismo se lo llevan otras cuestiones políticas o económicas, los puntos sobre el sector agrario no pasan de ser brindis al sol, comparsas de generalidades y, en algunos casos, no diferenciando competencias autonómicas con otras estatales.
La nueva coalición gubernamental plantea en sus grandes líneas una política de sostenibilidad para el sector agrario, alimentario y forestal, el impulso al Plan Nacional de Desarrollo Sostenible o la mejora de infraestructuras. Se repite la promesa del programa socialista de la puesta en marcha de 20 centros piloto en otras tantas zonas despobladas en el medio rural, así como las acciones piloto en una apuesta por la igualdad de la mujer, la agricultura familiar y los profesionales. 
Nada nuevo, como tampoco que se apueste por una PAC fuerte por el relevo generacional, por el impulso a la agricultura y al comercio de proximidad y que la misma tenga prioridad en los contratos de suministro con centros públicos. Se aboga por una buena política de asesoramiento d las explotaciones, algo necesario e interesante que se aplicaba en el franquismo con la Agencias de Extensión Agraria, desmanteladas desde la Transición en la mayor parte de las Comunidades Autónomas y que hoy es una carencia que no han logrado cubrir las organizaciones agrarias. 
Con el reto demográfico como objetivo, se mantienen actuales compromisos como el suministro la banda ancha o la posibilidad de asistencia sanitaria a domicilio cuando no haya transporte al centro de salud, una competencia autonómica.
En conjunto, más de lo mismo en un acuerdo de programa donde lo que menos pintaba era el sector agrario y el medio rural.