El final de la desescalada y la llegada de la nueva normalidad marcará el punto de no retorno del Gobierno. Será en ese momento cuando haya que hacer balance de toda su actuación.  Esa ha sido la propuesta del propio Ejecutivo a lo largo de este periodo de confinamiento y de brega sanitaria contra la pandemia. Pedro Sánchez quiere someterse entonces al escrutinio definitivo de su acción política en esta tragedia para centrar la atención en que los contagios remitan, las muertes se acaben y se logre aminorar el desastre económico que ha causado y el que se avecina bajo la premisa de salir todos juntos.

Independientemente de que la oposición no este de acuerdo con ese calendario, que haya mantenido una actitud de crítica a veces extemporánea y que haya hecho electoralismo, lo cierto es que el Gobierno ha contribuido a ponérselo fácil. Sobre todo porque han sido los propios ministros quienes se han encargado de poner sobre el tapete decisiones y medidas que en buena lógica tendrían que haber dejado para más tarde, para el momento en el que los usos tradicionales de la vieja política se encarguen de escrutar la nueva realidad.

Si se trataba de no distraerse del objetivo fundamental de activar mecanismos que sirvan para salir todos juntos de la peor crisis de los últimos años que se va a superponer a la de 2008, no se entienden decisiones como la del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, con la destitución del coronel de la Guardia Civil jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, por la investigación encargada por una juez sobre la actuación del delegado de Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y del director de emergencias sanitarias, Fernando Simón, al autorizar las manifestaciones que se sucedieron el 8-M. El exjuez sabe lo que ocurre cuando sus subordinados actúan como policía judicial y a quién deben obediencia. Sin lugar a dudas ese informe está en el fondo del cese fulminante del coronel, que ha traído como consecuencia la dimisión irrevocable del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, general Laurentino Ceña. Una vez más una decisión poco o nada explicada se vuelve en contra del Gobierno. Puesto que la maquinaria judicial ya estaba en marcha y es inexorable el ministro del Interior debiera haber esperado a que la juez hubiera tomado una decisión, para el adoptar la suya. A no ser que haya otros motivos de fondo que hagan insoportable el trabajo conjunto.

Para tratar de dedicarse solo a paliar los efectos de la pandemia, el Gobierno no ha podido cometer más errores no forzados, como la polémica a cerca de la aprobación del ingreso mínimo vital, retrasada finalmente para el viernes próximo, o el inoportuno  e inútil acuerdo a efectos parlamentario sobre la reforma laboral firmado con EH Bildu, que por el contrario ha tenido unas consecuencias políticas, económicas y en el plano europeo que son difícilmente cualtificables en cuanto a la pérdida de confianza en el Ejecutivo hasta por parte de sus socios, y que ponen de manifiesto que, en efecto, hay una evidente descoordinación entre los miembros del Gobierno.

Además de las continuas rectificaciones sobre asuntos relacionados con la pandemia, el Gobierno de coalición no ha sido capaz de dejar de meterse en charcos que podría haber evitado