Ante la epidemia de Covid-19 y cuando su amplitud y las consecuencias socioeconómicas que suponía comenzaban a hacerse patentes, el presidente del Gobierno afirmó que su trabajo iría en la línea de “no dejar a nadie atrás”, que se establecería un escudo social que protegiera a las personas más vulnerables y sobre todo a los trabajadores ante el aluvión de despidos que la disminución de las actividades económicas iba a provocar. En unos casos porque quedaban suspendidas, como consecuencia de la limitación de la libertad de movimientos, por la aplicación del estado de alarma.
Para afrontar esta situación, el Gobierno, desde el primer momento, apostó porque las empresas se acogieran a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en la confianza de que después de que la epidemia sea controlada volverá con fuerza la actividad económica. “Es un paréntesis”, ha afirmado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al dar cuenta de la simplificación de ese mecanismo aprobada por el Consejo de ministros extraordinario celebrado ayer y propiciar que los beneficiarios de los subsidios los perciban cuanto antes y en su totalidad. La medida va acompañada de la prohibición de utilizar la excusa del coronavirus para despedir definitivamente a los trabajadores, por las causas habituales. porque pueden hacer uso de “los mecanismos legales y los recursos ingentes” que se han puesto a disposición de las empresas, como los mecanismos de liquidez y financiación, o las reducciones en los pagos de los impuestos sociales.
Por ese motivo, la ministra de Unidas Podemos pidió a los empresarios “que sean ejemplares, que se comprometan con su pueblo y mantengan los puestos de trabajo”. A lo largo de estos días se han conocido iniciativas empresariales que van en la línea de preservar no solo los puestos de trabajo sino los salarios de sus trabajadores complementando lo que perciban por los subsidios previstos. En otros casos han manifestado su compromiso social al poner a disposición de los servicios sanitarios su capacidad productiva. Pero también hay quien ha aprovechado la situación para mostrar su insolidaridad o para forzar las normas en su favor. Así, el Ministerio de Trabajo no ha cedido a la pretensión de las organizaciones empresariales que han pedido que cuando se acojan a los ERTE puedan preceder a despedir antes de que se cumplan los seis meses desde que salgan de ese procedimiento, como establece la nueva norma. Para evitar que se hayan producido otras irregularidades, Yolanda Díaz anunció una revisión de oficio todos los ERE por si hubieran podido acogerse a ERTE.
La previsión, no se sabe aún si se trata de una expresión de voluntarismo, es que la salida de la crisis sea en forma de V o al menos en forma de U con una etapa valle lo más corta posible, y que cobre fuerza el consumo que se ha visto cortado de raíz con el estado de alarma, y para ello será necesario que las empresas cuenten con todas sus capacidades y sobre todo con su fuerza de trabajo.
Al escudo social que ha previsto el Gobierno, le falta aún varias capas para hacerlo realmente efectivo, como algunos aspectos más relacionados con los autónomos, la moratoria del pago de los alquileres de los inquilinos o el establecimiento de una renta mínima universal para las personas más vulnerables.