Las intervenciones de los presos independentistas condenados por sedición y malversación de fondos como autores de estos delitos en relación con el intento de secesión de Cataluña en la comisión de investigación en el Parlament sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución han demostrado que han entendido poco o nada de lo que supuso aquella decisión que vino seguida de la convocatoria de elecciones autonómicas.
En aquellos comicios se comenzó a fraguar lo que ya es un hecho, la división irremediable del independentismo, su descabezamiento por la vía judicial, la asunción de la imposibilidad de una declaración unilateral de independencia, la necesidad de volver a los cuarteles de invierno para acumular fuerzas, y el triunfo del Estado de Derecho que ha obligado a los dirigentes soberanista a aceptar una por una las decisiones de los jueces, mientras que una parte de los independentistas consideran que el diálogo con el Gobierno de coalición es el mal menor para sus intereses. Conmovedor ha sido escuchar a los exconsellers presos quejarse de que la aplicación del 155 supuso la imposibilidad de gestionar las necesidades sociales de los catalanes, si se tiene en cuenta la insoportable inactividad que ha arrastrado el Govern catalán en los dos últimos años.
Todo lo que ocurra a partir de ahora serán lances del juego, entre la resistencia y la provocación, hasta la convocatoria de nuevas elecciones y aun más allá hasta que se conozcan unos resultados que son inciertos y que estarán en función de si se impone el pragmatismo o quienes seguirán por la vía simbólica con el apoyo de quienes desean la confrontación directa. La cuestión es si habrá posibilidad de formar un gobierno “tripartito” en Cataluña, o un Govern independentista con un nuevo giro de guion de ERC, que es impredecible.
Con su intervención a medio camino entre el ofrecimiento de diálogo al Gobierno central y la amenaza de “volver a hacerlo”, el exvicepresidente de ERC, Oriol Junqueras, trata de compaginar dos elementos que son como el agua y el aceite, y a falta de concreciones del primero de ellos en el Congreso, el segundo tendrá que esperar ad infinitum. No habrá un referéndum de autodeterminación acordado con el Ejecutivo porque no lo puede haberlo –otro asunto es una consulta dentro del marco legal- mientras que un referéndum ilegal volvería a ser un simulacro que el Estado de derecho tendrá que evitar con mayor eficacia. Y en cualquier caso siempre queda el recurso a volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución, que si bien Junqueras considera que no les ha hecho desistir ni asustarles, tendría unas consecuencias políticas y temporales más amplias.
Después del espectáculo de desunión del independentismo por la desposesión del acta de diputado autonómico a Quim Torra, la presencia de los exconsellers presos en el Parlament ha supuesto un periodo de tregua entre ERC y JxCat frente a un enemigo común, los constitucionalistas. Los exconsellers del partido de Puigdemont son los que más han apostado por volver a la unidad del independentismo y su disposición al diálogo más matizada. Pero la fractura es real y no hay vuelta atrás. Ahora solo queda el cálculo político sobre el momento más adecuado para este grupo de convocar las elecciones.