Miles de ganaderos mantienen en estas fechas abiertos procesos para negociar la renovación unos 13.000 contratos en el sector de la leche con los primeros compradores con la mirada puesta en la mejora de unos precios que desde 2105 están afectando gravemente a la rentabilidad de la explotaciones. Frente a los 0,36 euros/litro en origen que se llegaron a pagar en 2014, los mercados iniciaron una caída progresiva que no se ha superado en los últimos años, en contra de la subida registrada en países del entorno, hasta 0,37 en Francia. Momento en el que se enquistó en unos precios que en 2018 se situaron en una media de 32,2 euros/litro con los 0,33 como el punto más alto y los 0,31 en primavera y verano como el más bajo.
Los efectos de esta situación se han reflejado en la evolución de los ganaderos en activo que siguieron descendiendo, pasando de los 14.440 que había en enero de 2018 a los 13.533 registrados en el mismo mes de este año, lo que supone un recorte de otras 900 explotaciones.
Desde el sector se plantean, para los nuevos contratos, subidas para acercar los precios a las cotizaciones que se abonan en otros mercados. En Francia, por ejemplo, industrias y diferentes grupos de la gran distribución han suscrito acuerdos, pactos por los cuales la distribución asume ligeras subidas en los precios de venta, también subidas a los industriales, con el compromiso de pagar precios más sostenibles, unos 0,37 euros/litro a los ganaderos. Se trata, además, de acuerdos publicitados en los medios, algo que en este momento, con la experiencia pasada de las actuaciones de Competencia, parece totalmente inviable en España. Competencia multó en su día a las industrias lácteas por pactar precios a la baja para las compras a los ganaderos, algo que estas tienen recurrido. Sin embargo, dada la filosofía demostrada por ese organismo, desde donde se justifican la posición de dominio o los pactos de la distribución para comprar barato como un beneficio a los consumidores, resulta imposible pensar que en España se pueda hacer lo mismo. Es inexplicable, que en un mismo mercado común, pueda haber dos tipos de políticas en relación con el mismo problema.
 En principio, los datos que se manejan desde la parte de los ganaderos es la existencia de una posición firme de las principales industrias, con la francesa Lactalis a la cabeza (Puleva, Lauki, President), apostando por una práctica estabilidad en los precios con muy ligeras oscilaciones al alza o a la baja para el precio base entre los 0,28 y los 0,30 euros/litro.
Conversaciones. Coincidiendo con esos procesos para la renovación de los contratos lácteos, el Gobierno dio luz verde a una serie de normas que afectan a esas negociaciones, en lo que se ha considerado en conjunto como el Paquete Lácteo, entre cuyos objetivos más importantes se halla lograr un reequilibrio de la posición del ganadero en la cadena por entender que se trata de la parte más débil de la misma.
Dicho acuerdo tiene su origen en la crisis soportada por el sector comunitario en 2009, lo que dio lugar a la adopción de una serie de medidas en 2012, entre las que se halla la obligatoriedad de los contratos de compraventa, así como la posibilidad de que las organizaciones de productores pudieran negociar con sus socios. En España, esos objetivos se trasladaron inicialmente a una disposición en 2012 y, posteriormente, a otra en 2015, en base a un nuevo reglamento comunitario de 2013 en esa dirección. Hoy se ha vuelto a modificar por un nuevo real decreto por el que se trata de profundizar en el contenido de los contratos y en las posibilidades negociadoras de las Organizaciones de Productores, de cara a lograr una mayor eficacia con los intereses de los ganaderos como los principales protagonistas.
En relación con el llamado Paquete Lácteo como pieza clave para regular y mejorar las relaciones entre la producción, primeros compradores y la industria, cabe señalar que, al cabo de años de su aplicación, se siga modificando su contenido, como la mejor prueba de que el mismo no ha cumplido los objetivos para los que fue concebido. Lo vocea el sector y la industria guarda silencio.
En la leche, como en todos los sectores, para que funcione una política de negociaciones y acuerdos, son indispensables dos condiciones: Primera, que no haya una clara posición dura y dominante de una de las partes. Otra, que haya voluntad de negociar para lograr acuerdos equilibrados.
Desarrollo. Desde la perspectiva de la producción, no se puede decir que las Organizaciones de Productores hayan tenido el desarrollo y el poder suficiente como para tener una posición simplemente de equilibrio frente a la parte compradora. A partir de esa posición de inferioridad, para lograr acuerdos en esa dirección, era fundamental la existencia de una voluntad negociadora por las dos partes. Y no ha existido demasiado celo. Entre dos no hay acuerdos si uno no quiere por mucho que lo diga un paquete que, lejos de clarificar y simplificar las cosas, en muchos casos solo ha servido para complicar más la gestión de los ganaderos sin dar soluciones a la rentabilidad de las explotaciones.
Siempre con los precios como eje y, en ocasiones, con la leche en las cunetas, el sector ha sido históricamente punta de lanza de las reivindicaciones agrarias. En el marco de un nuevo escenario y con el pacto en activo, la falta de eficacia del mismo para asegurar un nivel de rentabilidad a los ganaderos, daba paso en 2015 al Acuerdo para la estabilidad y sostenibilidad de la cadena de valor. Dicho consenso, por el que industriales y distribución se comprometían a pagar la leche a unos precios sostenibles para toda la cadena y que suponían, de forma tácita, que la leche tuviera un precio de venta al público de unos 60 euros.
Efecto positivo. A tres años vista de ese acuerdo, se puede decir que el mismo ha tenido efecto positivo en lo que se refiere a la casi práctica eliminación de los precios de oferta por debajo de los 0,50 euros. Los datos manejados desde las industrias señalan para diciembre de 2018 unos precios medios de venta de la leche líquida normal bajo la marca blanca de 0,59 euros/litro y de 0,78 para la marca de fabricante, en una línea de estabilidad. Sin embargo, no tuvo el mismo efecto sobre los precios en origen que se mantienen congelados en una media de 0,32 euros frente a los 0,36 de 2014.