Hace ya décadas que hemos malacostumbrado a ciertos políticos (no nos engañemos nadie, a todos los que están arriba) para que no se esfuercen en explicarse con argumentos y cumplir con lo que les toca. Les basta, como hemos constatado en la reciente investidura, con ocultar la realidad tirando de ataques al adversario y con palabras dirigidas a las vísceras de cada una de sus parroquias, sin argumentar sobre el fondo de los programas de gobierno. Antiguamente las religiones decían ‘Palabra de Dios’, y eso significaba la verdad inmutable y que por tanto no había lugar a crítica. Ahora, algunos alegan que van a formar un gobierno ‘progresista’ para no explicar nada pues entienden que eso nunca puede ser malo, limpiando así el origen nauseabundo de sus apoyos y compromisos secretos.
El punto de partida de la relación de los poderes del Estado con las personas, para lo que existen y trabajan, es el reconocimiento, garantía, promoción y concreción de los derechos, de todos los derechos sea cual sea su naturaleza y, por ello determinar su coste económico y cómo asumirlo, es la principal clave del asunto. ¿Han explicado algo de esto? La prioridad en la administración de los recursos es esa, los derechos, con lo que ya podemos establecer un principio de actuación jurídico-racional, no político, que les obliga a priorizar su fin fundamental, por no decir único. ¿Sale tal cosa en los medios de comunicación? La cuestión de lo que está ocurriendo en la España de los dos últimos años, tras la interposición de una moción de censura por el actual Presidente, es que por primera vez en sus años de democracia se ha convertido el mantenimiento del poder por los que están, en el centro de toda la actividad pública y representativa. El fin para el que trabaja el Gobierno y una mayoría relativa de parlamentarios es que la persona que no es capaz de concitar una adhesión popular ni parlamentaria relevante, continúe en el ejercicio del cargo. Siendo ese el objetivo prioritario, carece de importancia el precio que haya que pagar en términos políticos e institucionales. Nuestro sistema constitucional miró la fortaleza del Canciller alemán para establecer en la presidencia del Gobierno un modelo preminente que favoreciera la gobernabilidad y la estabilidad, pero nunca pensó que tal cosa debiera derivar en una prostitución de la democracia representativa en la que la tozudez del que se amarra al cargo (para el que no tiene apoyos, o que consigue a base de cesiones de apariencia ilegal), pasa por encima de propuestas alternativas de la Cámara representativa. Hace mucho ya que debió de articularse una mayoría con un nuevo o nueva presidente del Gobierno, cuando quedó de manifiesto que él era el problema. Al no admitirse este hecho, los próximos meses, cuando no años, ‘maridarán’ la crisis económica en ciernes con la inestabilidad política.