Hay decisiones estratégicas de algunas organizaciones que se les acaban volviendo en su contra. Cuando ETA puso en marcha su política de “socialización del sufrimiento” y la decisión de incrementar los asesinatos de representantes de los partidos antiindependentistas había comenzado a sentar las bases de su derrota. Pero antes se llevó por delante la vida del concejal del PP en San Sebastián, Gregorio Ordóñez hizo ayer 25 años, o de Miguel Angel Blanco dos años y medio después. Para esas fechas ETA los estrategas de ETA ya habían comenzado a barruntar que su estrategia militar estaba condenada al fracaso, y por si no lo tenían interiorizado, a partir de entonces, cada una de sus acciones generaba una reacción más fuerte de una sociedad democrática que seis años antes, en 1989, había comenzado a trabajar en la misma dirección e incluso se mostraba dispuesta –Pacto de Ajuria Enea y Madrid- a ser generosos cuando la banda terrorista dejara de matar.
Tras el asesinato de Ordóñez, aún tardaría siete años en llegar la ley de partidos políticos que permitió la prohibición de todos aquellos que no condenaban la violencia terrorista de manera expresa. La decisión fue validada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y el Tribunal Constitucional no volvió a autorizar la presencia en las elecciones de un partido abertzale radical hasta 2009, cuando se produjo una renuncia expresa a apoyar el terrorismo y la condena de la violencia. A partir de ahí la deriva de ETA y de los partidos que la apoyaron es conocida, hasta llegar a la desaparición del terrorismo etarra.
Los 25 años transcurridos desde el asesinato de Gregorio Ordóñez cristalizan ahora con los partidos independentistas vascos herederos de Batasuna y derivados que apoyaban a ETA sin ninguna cortapisa en las instituciones vascas, con escaños determinantes en comunidades autónomas como Navarra o en el Congreso, cuyas abstenciones servían de colchón de seguridad para la investidura de Pedro Sánchez. A pesar de su rechazo de la violencia, a los partidos independentistas vascos les queda por dar el paso definitivo de reconocer el daño causado, pedir sinceramente perdón a las víctimas de los años de plomo y asumir que con la derrota de ETA ellos también resultaron derrotados.
La cuestión ahora es si EH Bildu es un actor político con el que se pueda contar o tiene que establecerse un cordón sanitario a su alrededor, pese a su respaldo electoral, y si negociar con ellos servirá para que acaben siendo un partido normalizado, o si se fortalecerán su soberbia y los tics que muestran su añoranza por el control social apoyado por el miedo a las pistolas. Difícil tesitura cuando de sus votos dependen gobiernos y cuando la difunta ETA sigue siendo un arma arrojadiza interesada en el debate político.
Abertzales radicales y nacionalistas vascos pueden tener la tentación de exigir que se acabe la política de dispersión de los presos etarras, que tan buenos resultados han dado, a cambio de sus votos. Pero la política penitenciaria permite a los terroristas encarcelados acceder a beneficios legales con las condiciones que conocen. Lo mismo que quienes se sitúan al margen de la ley saben que acabarán detenidos -como Kubati, el señalador de Gregorio Ordóñez- por los actos de recibimientos a los etarras y humillación de las víctimas.