La situación en Cataluña es complicada. No hay más que ver las imágenes de grupos violentos quemando contenedores, haciendo barricadas y cortando vías urbanas. Son en su mayoría jóvenes y están perfectamente coordinados. Las órdenes de actuación las reciben a través de las redes sociales de un ente, hasta ahora anónimo, denominado Tsunami Democratic. Resulta sorprendente que el Gobierno en funciones haya puesto en marcha, ahora, una investigación para saber quién está detrás de los mensajes encriptados. Dado que se sabían las anunciadas consecuencias que la sentencia iba a provocar, a nivel de orden público, cabe preguntarse cómo es que el CNI y los servicios de información de la propia policía no detectaron, y tiempo han tenido, este centro de incitación a la lucha callejera. 
De confirmarse que se organizó en Ginebra, en una reunión a la que asistió el propio Quim Torra, el president de la Generalitat se enfrentaría a un proceso judicial de mucha mayor gravedad que el riesgo, siempre muy medido, de la colocación de carteles en la fachada de la plaza de San Jaume. La actuación de los CDR, tras la detención del grupúsculo ultra violento, es la esperada. Son especialistas en sabotear vías férreas, cortar carreteras y crear el caos. También aquí el President debería explicar a la sociedad catalana qué relación tiene, vía familiar, con estos anti sistema. 
El comunicado del Gobierno del Estado, a última hora de la noche del martes, es un aviso a navegantes de que la prudencia (absolutamente necesaria) con la que están actuando, de forma coordinada, los Mossos y la Policía Nacional puede acabar de forma abrupta si se sobrepasan ciertos límites que superen la algarada callejera. Ya nadie, ni siquiera el PP, menciona el artículo 155, pero la Ley de Seguridad del Estado está ahí, esperando. La mesura es imprescindible dada la pésima imagen internacional que provocó la dura actuación policial el día del referéndum del 1 de octubre, que alimentó el victimismo del relato independentista. Ese es otro de los inconvenientes de la coincidencia en el tiempo de los disturbios con la campaña electoral: todas las fuerzas políticas, incluidas las catalanas, analizan lo sucedido en número de votos a quitar al adversario, olvidando que este es un problema de Estado que atañe a todas las fuerzas democráticas. 
El hecho de que el Parlament de Cataluña no fuera capaz de consensuar una declaración institucional sobre la sentencia del Supremo da muestra de la división total del independentismo, que ve en las condenas el último cartucho para arrastrar a una sociedad cansada de promesas de la Republica que nunca existió. 
Hay que imaginar el estupor de los vecino del Example (donde se produjeron los más duros enfrentamientos) pertenecientes a una  burguesía acomodada al ver sus calles con hogueras por doquier alimentadas con el mobiliario urbano. Algunos bajaron al portal con extintores siendo increpados por los violentos. 
La convocada huelga general del viernes va a ser un termómetro que fije la adhesión de la ciudadanía catalana a los estertores de un proces que otros líderes políticos tendrán que conducir por la vía del dialogo.