Con los tractores todavía protagonizando las movilizaciones agrarias en defensa de una adecuada rentabilidad para su actividad, organizaciones agrarias y el Ministerio de Agricultura iniciaron las negociaciones sobre medidas concretas para hacer frente a los problemas denunciados por el sector agrario durante el último mes. En conjunto, se trata de una serie de demandas que llevan ahí aparcadas durante los últimos años, aunque las mismas se han concretado ahora en unas mesas a raíz de las protestas generalizadas del sector. Cuentas pendientes entre Administración central y el sector agrario que hasta la fecha no había prisa por liquidar, en unos casos competencia solo del Gobierno, pero en otros también en las Comunidades Autónomas y en los partidos de la oposición inactivos a estos fines en el Parlamento y que ahora deberán apoyar las reivindicaciones agrarias en diferentes disposiciones. 
De acuerdo con las demandas del sector y la decisión de Agricultura, una primera mesa debatirá el futuro del seguro agrario ante la congelación de los fondos por parte de Atocha en los últimos años en 211 millones de euros que se tuvieron que complementar con créditos adicionales de unos 60 millones años, pero que impidieron un fuerte incremento de las primas a pagar por los asegurados. Agricultura ofrece un incremento del 10%. Hace unos años su apoyo superaba los 300 millones. El sector demanda hasta 400 millones donde deban asumir igualmente su parte las Comunidades Autónomas que rebajaron sus aportaciones desde 120 a solo unos 70 millones de euros. El debate incluye también ajustes en la política del seguro por parte de las aseguradoras y ante el cambio climático.
En materia de fiscalidad, Agricultura prometió mantener el sistema de módulos y desde el sector se reclama además un reducción del 15% en gastos de difícil justificación en la Estimación Directa del IRPF, mantener la subvención de 0,637 céntimos en el gasóleo agrícola, deducción del 35% en la factura del gasóleo y del 15% en fertilizantes y plástico, así como una deducción del 85% el impuesto sobre la energía eléctrica, al margen de establece la opción del doble contrato en los regadíos, una demanda que lleva años en las mesas de Atocha.
El sector reclama mayores controles en las fronteras para evitar fraudes en las importaciones en volumen y en condiciones de calidad y sanidad iguales a las exigidas a los productores de la UE. En dirección opuesta, el sector reclama más acuerdos para disponer de fronteras abiertas en terceros países frente a las políticas de nuevos aranceles o exigencias fitosanitarias que, en realidad, son simplemente una estrategia para evitar la entrada en sus mercados.
Del conjunto de las medidas adoptadas, la más importante ha sido la modificación con un Real Decreto de la Ley de la Cadena donde, entre otros puntos, se contempla la obligatoriedad que los precios en los contratos reflejen al menos el precio de coste en toda la cadena. El decreto no habla en ningún momento de prohibir la venta a pérdidas, sino prohibir la destrucción de valor en la misma. Desde la eliminación de los precios mínimos en determinadas producciones, hace décadas, el establecimiento de un precio justo ha sido una constante en las demandas agrarias. 
En los últimos años, entre 2012 y 2015, Agricultura y medio centenar de industrias y otros tantos grupos de la distribución suscribieron acuerdos o convenios encaminados determinar extraoficialmente un precio sostenible que asegurase la viabilidad de las explotaciones en aceite y leche de vaca. Con este real decreto, el objetivo es el mismo, aunque ahora con el precio de coste obligatorio en el contrato. La dificultad está en que cada productor determine su precio de coste como mínimo de venta en cada producto perecedero, frente a industrias, operadores o grupos de distribución con un mayor poder en los mercados. 
Para su aplicación, Agricultura ha mantenido en las últimas fechas encuentros con la industria alimentaria, los principales grupos de distribución y con las patronales de supermercados e hipermercados Anged, Asedas y Aces, desde donde se ha mostrado su decisión de colaborar con la apuesta oficial, aunque también han transmitido sus dudas y han planteado aclaraciones para su aplicación correcta. 
En esta línea, la Agencia para la Información y el Control de la Cadena Alimentaria trabaja a marchas forzadas en la elaboración de una guía práctica. Entre otras dificultades, en primer lugar, estaría el hecho de que el propio agricultor no sabe exactamente cuál es su coste. Se duda sobre si el precio de coste se debe aplicar a las ventas de toda la campaña o solamente a una operación o la consideración de las ayudas directas de la PAC por su repercusión en los ingresos a la hora de fijar el precio que cubra costes. Todo ello, a partir de que se trata de una decisión voluntaria entre un vendedor y un comprador, considerando que los productos agrarios son perecederos, que dependen en muchos casos de cómo venga el tiempo y sobre todo, por las diferentes posiciones de dominio entre los operadores de la cadena para imponer o aceptar una cifra.
 En las últimas fechas, aún cuando cada explotación tiene diferentes costes, se han seguido haciendo operaciones bajo contratos, según el Pool Red en el sector olivarero muy por debajo de los precios medios de coste, 2,7 euros kilo y lo mismo sucede en la leche de vaca donde se negocia la renovación de miles de contratos a un precio base de 0,30 euros/litro, frente a unos costes oficiales de 0,32 euros/litro y que desde la interprofesional del sector se estiman en más de 0,33 euros litro.
Desde la distribución se considera que en esta cadena se debería contemplar también las operaciones en los mercas de la restauración.
Sector y Administración central coinciden en la necesidad de reforzar el papel de control de la Aica, las OPAS piden un registro de contratos y que las CCAA, como las competentes en la materia, se impliquen más en su cumplimiento.