El gobierno busca a su manera el objetivo de alcanzar la nueva normalidad, expresión muy del gusto de esta nueva generación de políticos a los que la imagen y la propaganda les preocupa más incluso que el fondo de sus actuaciones. La empanada de condiciones, fechas, fases, marcadores, índices y fronteras provinciales que se ha decretado, va a provocar desde mañana una confusión mayor aún en los españoles que no saben bien si pueden ir a ver a sus familiares, si pueden salir a pasear solos o acompañados, o qué límites tiene para hacer ejercicio físico al aire libre. Los italianos y los alemanes tienen muy claro lo que se les permite en el desconfinamiento y a partir de qué fechas, mientras en España hay que consultar el imprevisible BOE hasta para respirar.
Pero lo mejor de estos últimos días ha sido el intento de manipulación de la OCDE, de sus cifras y gráficos. Ya no queda apenas ningún organismo o institución en el continente al que el gobierno español no haya intentado utilizar de forma partidista e interesada. Inflar las cifras de test realizados para estar entre los diez primeros de la organización económica, empleando además el criterio contrario al que interesa cuando la estadística intenta rebajar los casos confirmados (los test rápidos), es algo que sólo en España ha ocurrido. Tapar una gestión desastrosa de la crisis sanitaria exige emplearse a fondo en las inexactitudes, pero por mucho que se haga siempre quedará lejos de la realidad el bulo difundido por el presidente al afirmar, en una de sus homilías sabatinas, que España es el país que más test realiza del mundo. Al día siguiente de afirmarlo ya sólo estaba entre los diez primeros, y a las pocas horas quedaba en cola de una lista de treinta. 
Cifras oficiales y sin engaños sí se han difundido esta semana: 21 millones de españoles viven del Estado en pleno estado de alarma, o deberían vivir porque el dinero de los subsidios prometidos no llega. Pensionistas, funcionarios, desempleados, los 578.300 afectados por ERTE sólo en marzo, autónomos que perciben prestación por cese de su actividad... todos ellos suponen más del 40 por ciento de los ciudadanos que dependerán del Estado para sobrevivir. El aparato estatal monitorizando a los individuos, encerrados en sus domicilios o pronto en los límites de sus provincias diciéndoles lo que pueden y no pueden hacer, a cambio del exiguo dinero público que se podrá repartir. 
El test del algodón sobre la efectividad de este panorama dantesco será comprobar si el 3 de mayo los empleados varados en sus casas sin poder trabajar han cobrado por primera vez la prestación prometida hace dos meses al cerrar temporalmente sus empresas.