En realidad, los idiotas somos nosotros, las propias víctimas del tsunami, los que nos encontramos plácidamente tumbados en la playa tomando el sol sin hacer nada, viendo llegar la gran ola que nos arrastra.
Aunque sea de boquilla, siempre viene bien que el Presidente Sánchez haya recordado el artículo 155 de la Constitución, que complementa la previsión de vías o medios de control de la actividad de las Comunidades Autónomas contenida en el artículo 153, al contemplar un mecanismo excepcional o extremo, incluso coercitivo, para situaciones igualmente excepcionales o extremas, consistentes en el incumplimiento por aquéllas de obligaciones impuestas por la Constitución o las leyes o en actuaciones de las mismas que atenten gravemente al interés general de España. El otro día dijo Pedro Sánchez que, «si en las próximas semanas o meses tengo que aplicarlo, no me temblará el pulso», y que «con un Gobierno en funciones se puede aplicar sin problema».
Instiga Quim Torra, el máximo representante del Estado en Cataluña, junto con toda su banda, a la insumisión civil y a las manifestaciones y las concentraciones callejeras, y aparece el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, diciendo que se investiga quien está detrás de ‘Tsunami Democrátic’, el promotor de las protestas en el aeropuerto de El Prat y demás disturbios vandálicos de Barcelona y de las principales capitales de Cataluña. Lo que viene a ser algo así como ponerse a investigar la muerte de Manolete, en el ámbito de lo explícito, lo expreso, claro, manifiesto, evidente, patente, visible, público y notorio. De manera que más que investigar quien está detrás del tsunami, habría que investigar quienes están delante del tsunami, una pandilla de políticos ineptos, acomplejados y en plena dejación de funciones, que permiten que pase lo que está pasando. Dudo mucho que esto se permitiera en cualquiera de los países democráticos de nuestro entorno.
Dejación de funciones del Gobierno en Cataluña que permite que la Comunidad Autónoma se haya convertido en un territorio sin ley, en ese proyecto de vía eslovena, con el consecuente auge del desorden público que se está generando en detrimento de una pacífica convivencia, el desamparo de la mayoría de los ciudadanos y las considerables pérdidas económicas que finalmente soportaremos entre todos, sin convencerse de que para la defensa de la legalidad democrática, contra la violencia secesionista, está plenamente justificada la defensa del Estado de Derecho mediante la aplicación de ese artículo 155 de la Constitución recordado por el Presidente Pedro Sánchez.
Por la deslegitimación intelectual y política del nacionalismo, sería bueno que de verdad no le temblase el pulso a Sánchez, para ir reivindicando, sin complejos y sin equidistancias, la Constitución como consigna de ciudadanía y convivencia, y para rechazar cualquier negociación que limite la soberanía del conjunto de los ciudadanos y el ejercicio de sus derechos.