Sabemos que la trayectoria histórica de muchos pueblos está construida sobre la imperfección. Cuando en el origen de los mismos se encuentra una mentira la cosa es difícil de reconocer. Esa circunstancia puede afectarnos prácticamente a todas las naciones de la tierra, por la glosa de orígenes dudosos o la exaltación de una épica poco probable. Tal pecado original está también en cada uno de nosotros, en nuestras familias y hasta en la base de cualquier religión. Pero a estas alturas del desarrollo de la organización humana, sabemos ya lo bastante como para no hacernos trampas y debemos de intentar en cualquier confrontación política dejar a la ciudadanía un margen de certeza: un espacio intocable a los deseos de poder, a la insaciable expansión de grupos económicos, y a las ensoñaciones de vividores patrioteros. Ese espacio de intangibilidad de cada persona nos lo dan los derechos humanos y los principios básicos de la convivencia democrática (Libertad, Igualdad, Justicia, Pluralismo, Dignidad). Tenemos muchas cosas que arreglar en nuestras sociedades e «irrenunciables» aspiraciones que conseguir, incluidas aquellas que algunos tienen de darse una patria nueva, pero como ya no estamos en la Edad Media, el respeto a todos esos derechos y principios comunes y de cada uno, exige que las voluntades propias (quiero tener un país, o quiero tener dinero, o quiero disponer de una vida ajena), tengan que someterse necesariamente al derecho democrático común y legítimo. La paz social solo se consigue así, hoy en día, por medios democráticos. Por eso me parece necesario que cualquier ciudadano que quiera vivir en paz, respete los derechos humanos del resto, sin inventar ni propagar mentiras de dominación, ni denigrar a su país ni a su democracia. Si encima pretende alterar violentamente la realidad con la finalidad de vulnerar los derechos de los que no opinan como uno mismo, con la simple apelación a un inconcreto derecho de autodeterminación, parece comprensible que el resto reaccionemos para defender lo que es nuestro: una cultura rica, dos lenguas y no una sola, una nacionalidad incluyente (entre otras cosas que defiende más de la mitad de la población de Cataluña que no es separatista). Así, estos días hemos visto como un tribunal democrático, de un país democrático, ha aplicado una ley penal democrática contra quiénes incurrían en al menos dos tipos penales universalmente aceptados, dando lugar a una condena motivada, justa y proporcional. Naturalmente que esa sentencia y la persecución de cualesquiera delitos no van a resolver nada del fondo del problema, puramente sentimental o emocional, pero es que es irrenunciable que los Estados hagan respetar el derecho de todos, sean mayorías o minorías, y que al menos no se agrave la situación cometiendo la injusticia de dejar sin consecuencias comportamientos claramente vulneradores de derechos de personas concretas, no solo de Estados, banderas y patrias. Sin justicia no hay paz, o la paz que nace está viciada de origen, y cierra en falso cualquier solución. Que le pregunten a la sociedad colombiana de 2019, si lo dudan, o a la Alemania de Weimar, o a la España de 1939.