FIRMA SINDICADA

Rafael Torres

Periodista y escritor


La patada en la puerta

01/04/2021

No es la primera vez que la Policía ha ido por un lado y la Ley por otro, pero sí es la primera, o una de las primeras, en que la opinión ciudadana, de manera transversal y con independencia de la ideología, ha basculado tanto en la consideración del allanamiento policial cuyas imágenes la han sacudido. Diríase que por una vez, que ojalá sirva de precedente, no se percibe algo en España desde el más estricto maniqueísmo, otorgando cierta libertad al pensamiento.

Es indiscutible, por tratarse de un derecho fundamental, la inviolabilidad del domicilio, así como la obligación de la Policía no solo de respetarlo, sino de defenderlo y asegurarlo absolutamente. Sí es más discutible, en cambio, la consideración legal de simple infracción administrativa de aquello que más pudiera aproximarse a la de delito punible, y no tanto por su envergadura aparente, como por su reincidencia y sus consecuencias lesivas para otros.

O dicho de otro modo: si en las actuales circunstancias ciscarse en el toque de queda, atormentar al vecindario privándole del descanso y el sueño, e incumplir todas las medidas básicas de prevención y protección contra el virus, exponiendo a los vecinos del inmueble a ser contagiados al coincidir con los de la "fiesta" en el portal, en la escalera o en el ascensor, fuera calificado como delito, la misma acción policial que nos ha repelido contaría con nuestra adhesión al efectuarse contra un delito flagrante, justificándose entonces como necesario el uso extremo del ariete, de la patada en la puerta.

Sin embargo, cuanto se actuaba dentro de ese piso turístico no constituía delito, ni, en consecuencia, delito flagrante, de suerte que la irrupción policial por las bravas, conculcando uno de los más valiosos preceptos de la Constitución, no tiene un pase, como tampoco lo tiene la pereza pusilánime del legislativo, del Parlamento, a la hora de legislar adecuadamente para situaciones excepcionales como la presente, en la que el simple comportamiento incívico de algunos puede poner en grave peligro la salud y la vida de muchos.

La opinión ciudadana, incluso la opinión de cada uno en relación a este caso, es natural que bascule, si bien, por eso mismo, han de exigirse explicaciones y, en su caso, responsabilidades. También al Parlamento, cuyos miembros, en vez de insultarse como si se debieran dinero, deberían tener los reflejos necesarios para adecuar las leyes, sin menoscabo de la libertad y de las garantías democráticas, a los inciertos tiempos que vivimos.