Durante la dictadura, las únicas apuestas permitidas eran las quinielas, y los sorteos quedaban reducidos a los de la ONCE y la Lotería Nacional. Recuerdo a Rodolfo Martín Villa, ministro de Interior durante la Transición, empeñado -y lográndolo- en que la conclusión de la prohibición del juego en España fuera acompañada de la obligación de que los casinos del futuro se instalaran a varios kilómetros del centro de las ciudades. 
Hoy, en la capital del Reino, Madrid, hay dos flamantes casinos, distantes de la Plaza de Cibeles entre 300 y 500 metros. Y si, en el año 2012, había 37 casinos en España, hoy han ascendido a 54, siendo Canarias la comunidad que cuenta con más establecimientos de juego. A ello añadan los cientos de máquinas tragaperras instaladas en los bares, los salones de juego, los bingos y, por si fuera poco, las apuestas y el juego a través de Internet. 
Las modestas máquinas tragaperras mueven al año unos 3.000 millones de euros, pero es que en Internet hay miles de jugadores diarios, y desde los ordenadores personales o desde las empresas -los hay que juegan, mientras están trabajando- aportan desde España un monto alrededor de los 6.000 millones de euros. Perfil del ludópata: varón, menor de 45 años, incluso adolescentes, forman más del 80% de la tropa dispuesta a dejarse las pestañas en apuestas y juegos de azar. 
No estoy en contra de las prohibiciones. Ni del alcohol, ni del juego, ni de los tatuajes, aunque está última me cuesta más. Ahora bien, en ninguna ciudad de Europa creo que se permite la proliferación de salones de juego, que van a ser tan abundantes como las peluquerías de señoras, y ni en Londres, Berlín, París o Roma puede entrar un menor a un establecimiento donde exista una máquina tragaperras. Pero España se ha transformado en un gran casino. Hagan juego, señores. Vivimos en un país en el que las administraciones parecen creer que la ludopatía es sana.