Año 2003, 2004, 2005. Señores con maletín, planeamiento urbanístico, bueno, un decir, y mucho dinero, ocupaban pueblo a pueblo la Comarca de La Sagra, el norte de Toledo. Se diseñaban Planes de Actuación Urbanística como churros. Miles y miles de viviendas que de ninguna manera respondían ni a necesidades de presión demográfica, ni a proyecciones de futuro razonables ni sostenibles. Municipios de 2.000, 4.000 ó 10.000 habitantes acogían con entusiasmo, poco decoro y ningún fundamento, proyectos de 5.000, 13.000 ó 20.000 viviendas. ¿Los nuevos vecinos y vecinas? Ya vendrían. ¿Las infraestructuras y servicios? A quién le importaba en ese momento. Ya se quejarán los nuevos habitantes. O no. Es posible que solo aparezcan por aquí para dormir. ¿El impacto urbano, social y cultural que supondría para estos pueblos? «Es la economía, estúpido» ¿Políticas de viviendas protección oficial? Ninguna. El presidente Bono garantizó por ley la no obligatoriedad de hacer VPO en municipios de menos de 10.000 habitantes. El negocio estaba servido. Casi todo el mundo aplaudía la operación. Inversores o paisanos que no sabían qué hacer con su dinero compraban propiedades, jóvenes que se hipotecaban de por vida huyendo de los precios imposibles de Madrid, Ayuntamientos (PP-PSOE) haciendo caja y la administración superior, el gobierno de Castilla-La Macha, con Page en la vicepresidencia, consintiendo, avalando y aplaudiendo en cada Comisión Provincial de Urbanismo.
Ya sabemos lo que vino después. Y ahora sufrimos las consecuencias. Ahora, un buen puñado de esas miles de viviendas es propiedad de los bancos o de empresas asociadas a estos. Viviendas vacías que han sido habitadas por familias víctimas de desahucios, pobreza y exclusión social. Buena parte de ellas expulsadas de la periferia de Madrid. Los mismos que eran llamados a comprar, hipotecarse y vivir en nuestra provincia ahora son señalados, culpabilizados y perseguidos por políticos que están alimentando la falsa burbuja de la ocupación. Se prestan a confundir el allanamiento de morada o la usurpación con la ocupación, participando de la confusión que está creando alarma social e inseguridad ciudadana. Y no dudan en llevar el debate a las Cortes sin un mínimo de autocrítica. Y por unanimidad, proponen medidas coercitivas y punitivas contra quienes ocupan una vivienda vacía de un banco.  Pero nada que decir sobre las causas, ninguna propuesta para que administraciones y entidades bancarias negocien una salida a esas viviendas mediante alquileres sociales, atajar los problemas de pobreza severa, vulnerabilidad social o precios abusivos de alquiles en esta zona, por poner algunos ejemplos. Si no se interviene en las viviendas y con los propietarios, mucho me temo que lo que no se quiere es solucionar el problema, y lo que es peor, se está haciendo populismo irresponsable para hacer caja de nuevo, en esta ocasión electoral. Llevo semanas viendo los amaneceres en La Sagra, el sur de Madrid. Hay paisajes que cuesta digerir. Trabajo con personas que lo están pasando verdaderamente mal. He conocido a varios a quienes el banco les quiere echar de la vivienda y a ninguno a quien le hayan ocupado su casa.