Está a punto de dar a luz. En esta ocasión, durante el embarazo, apenas ha sufrido vómitos y ni siquiera ha hecho acto de presencia esa maldita ciática que durante la gestación de su primera hija no paró de darle la lata. Sonia ultima los detalles de la habitación que ocupará la pequeña. Está ilusionada, feliz. Ella quería un niño, pero ya se ha hecho a la idea de que su pimogénita, que sólo tiene dos años, tendrá una compañera de juegos. Su único deseo es que todo salga bien y que la criatura venga en perfectas condiciones. 
Inesperadamente, rompe aguas. Está sola en casa, intuye que algo no va bien. Asustada y nerviosa, llama por teléfono a su marido que está trabajando. El líquido viene teñido, oscuro. Es meconio, un síntoma de que el feto puede estar sufriendo. Hay que ir al hospital rápido, cuanto antes. El tiempo corre en su contra.
Al ser atendida en la clínica, el personal del Servicio Andaluz de Salud decide suministrar oxitocina a la mujer para provocar el parto. Las contracciones y los dolores son mucho más fuertes, más frecuentes, pero, tras seis horas de calvario, la criatura no termina de salir. «Algo no va bien», repite angustiada Sonia, que reclama a los facultativos premura al mismo tiempo que su ritmo cardiaco se dispara. La cesárea es inevitable.
Lo que iba a ser un motivo de alegría, de fiesta, se torna en tragedia. La niña nace, aunque no responde a los estímulos de las enfermeras. Está con vida, pero no es normal. Todo apunta a que la falta de oxígeno ha podido ser la causa. La hipoxia ha provocado una parálisis cerebral irreversible, tetraparesia grave, retraso psicomotor y ceguera. La familia llora desconsolada mientras la misma pregunta les golpea una y otra vez:¿Por qué?
La semana pasada el juzgado de primera instancia 21 de Madrid imponía la mayor indemnización de la Historia en España por negligencias médicas -4,2 millones de euros- al entender que las secuelas de la pequeña son consecuencia de una concatenación de errores en la atención del parto que tuvo lugar en el año 2015. La ausencia de control, la falta de toma del pH del cuero cabelludo y la demora en la indicación y realización de la cesárea desencadenaron los «daños desproporcionados que carecen de justificación».
En España se ponen cerca de 15.000 denuncias anuales por negligencias médicas, de las que 850 acaban en muerte; una cifra inquietante que está repuntando en los últimos años. Las especialidades en las que más se dan esta clase de fallos son Oncología (26,4%) y Neurología (17,3%), según el último informe de la asociación El Defensor del Paciente, que sostiene que las razones de este incremento se deben a la falta de personal médico especializado, las largas listas de espera, el poco tiempo para atender a los usuarios y la sobrecarga de trabajo. Son cada vez más las reclamaciones que se están interponiendo por la vía penal, algo que hace unos años era impensable, ya que para que un médico pudiera ser condenado con penas de prisión debían ser casos tan graves como equivocarse de órgano o de paciente al realizar una intervención quirúrgica u olvidarse instrumental médico en el interior del enfermo.
Los afectados por estos errores pasan por un segundo vía crucis. Pese a que una buena parte tiene razones contundentes para reclamar, deben escuchar que todo está bien hecho y que las consecuencias no derivan de una mala praxis. Son víctimas que a los lobbies -algunos colegios de médicos y compañías aseguradoras- les interesa que no hagan ruido, que permanezcan escondidas. España carece de un marco normativo, con el que sí que cuentan otros países, que evita que las sentencias dependan del azar o del juez al que asignen el caso. 
Daniel tiene 40 años y lleva meses con una molestia en la ingle. Sufre una rotura del labrum y, tras acudir a varios centros privados, decide someterse a una artroscopia de cadera en una de las clínicas con más reputación de la geografía nacional. Su cirujano le comenta que es la mejor opción y que la técnica le permitirá volver a estar al cien por cien. La posibilidad de complicaciones es lo que más le inquieta, pero el médico quita hierro al asunto y le asegura que todas son transitorias. Sin embargo, algo sale mal durante la operación y Daniel, después de tres años, no puede esta sentado sin sufrir un dolor insoportable porque le lesionaron el nervio pudendo. Él firmó su consentimiento, pero ¿fue bien informado? ¿Quién asume que iba a salir del quirófano peor de lo que estaba?
Miles de afectados deciden interponer una denuncia por negligencia médica, al no poder llevar la vida que disfrutaban antes. Más allá de cobrar una indemnización que jamás les devolverá la salud, su objetivo es evitar que esas cicatrices se repitan en otras personas.