COLABORACIÓN

Fernando Lussón

Periodista


Efectos colaterales

Los casos de corrupción en la política española no son una maldición bíblica y se supone que algo habrán aprendido todos los partidos, en especial el PSOE y el PP, de las consecuencias de haber amparado o mirado hacia otra parte cuando eran avisados de lo que estaba ocurriendo en su entorno, en el caso de que no lo supieran o lo avalaran de una forma u otra, en aquellas comunidades donde los partidos implicados se habían convertido en un régimen.

Dice Pablo Iglesias que tanto el caso de los ERE recién sentenciado, como el de Gürtel, son consecuencia del bipartidismo. Se supone que la llegada de los nuevos partidos y de los gobiernos de coalición a las comunidades autónomas establece un sistema de control  añadido que impedirá la repetición de esas conductas. Y otro tanto podría decirse con una coalición en el gobierno de la nación. Los informes del Consejo General del Poder Judicial señalan que en los últimos meses apenas se han producido casos de corrupción en sus delitos más habituales, malversación, prevaricación, tráfico de influencias… Parece que ha cambiado el paradigma. .

Los casos de corrupción que han protagonizado los partidos nacionales y los independentistas en Cataluña, no han impedido que hayan encontrado aliados cuando les ha sido preciso. Ciudadanos que fue un partido que se erigió en ariete contra la corrupción política no ha tenido ningún empacho en facilitar el gobierno regional al PP en Madrid o Murcia, por hablar solo de dos comunidades en las que se produjeron innumerables casos de corrupción política a cargo del PP. Unidas Podemos, por boca de su líder tampoco ha hecho sangre con la sentencia de los ERE a la espera de que se concrete el gobierno de coalición con los socialistas y accedan a la mesa del Consejo de Ministros.

Ni naranjas ni morados han tenido ni tendrán empacho en facilitar gobiernos a los otros partidos, en ambos casos con la excusa de que las responsabilidades ya han sido depuradas, que los actuales líderes de PSOE y PP no estaban en la sala de máquinas de sus partidos cuando ocurrieron esos hechos, que quienes los protagonizaron abandonaron la política cuando fueron imputados.

Sin embargo, lo que el caso de los ERE va a impedir de plano es la posibilidad de un acuerdo transversal que supere los bloques ideológicos. Quienes apuestan por la posibilidad de que llegue a formarse un gobierno de gran coalición entre PP y PSOE, y presionan desde distintos ámbitos para lograrlo por considerar que sería lo mejor para el país, deben abandonar toda esperanza. Si ya era difícil antes, por cuanto supondría acabar con la posibilidad de la alternancia, que es una norma básica del funcionamiento de una democracia, en las circunstancias actuales resulta imposible. La sentencia del caso de los ERE ha venido a despejar esa presión sobre Pablo Casado y el PP que aún sangra por la herida de la moción de censura contra Mariano Rajoy consecuencia de la sentencia de la trama Gürtel.  

Del mismo modo, a Ciudadanos, que ha pactado con las organizaciones del PP más afectadas por la corrupción, la proximidad de la sentencia de los ERE con la sesión de investidura le facilita mantener una posición firme de voto desfavorable a Pedro Sánchez en las conversaciones recién iniciadas. Este es uno de los efectos colaterales de la sentencia contra el “régimen” socialista en Andalucía.