El Palacio de Fuensalida acogió el pasado miércoles la firma del acuerdo para la Reconstrucción Económica y Social de Castilla-La Mancha. El pacto, que supondrá la movilización de más de 1.000 millones de euros, para volver cuanto antes a una normalidad sin adjetivos fue rubricado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y por los secretarios de Organización del Partido Socialista y de Ciudadanos, Sergio Gutiérrez y Alejandro Ruiz, respectivamente. Sin embargo, a nadie se le escapa que al ‘pacto de los codos’ le falta una firma: la de secretaria general del Partido Popular, Carolina Agudo, o la de su presidente, Paco Núñez.
La emergencia sanitaria provocada por la pandemia ha dejado al menos dos asuntos claros. El primero, que nuestro sistema sanitario no es tan bueno como a veces se presume. La sanidad pública presenta carencias que se han agravado porque las consecuencias de la anterior crisis económica aún no se han revertido. El segundo, que el actual modelo de residencias de ancianos debe ser revisado. Los centro sociosanitarios no son hospitales, pero el coronavirus ha puesto en evidencia que deben estar medicalizadas para hacer frente a desafíos sanitarios como el actual, que pueden volver a repetirse.
El coronavirus, que se ha cobrado la vida de al menos 2.997 castellano-manchegos, también nos recuerda una lección que parece de nuevo olvidada: que reconstruir es mucho más difícil y más lento que destruir. Por eso nadie sobra; todas las voluntades son necesarias para que la recuperación sea en ‘V’ y no en ‘U’ ni en una ‘V’ asimétrica como la del logotipo de conocida marca deportiva.
En una situación de emergencia como la actual, el PP de Castilla-La Mancha no puede autoexcluirse del acuerdo en un intento de sacar rédito electoral que, por otro lado, tardaría en materializarse tres años; ni el PSOE puede conformarse con sumar el apoyo de 23 de los 33 diputados de las Cortes regionales. Nadie, en definitiva, puede intentar utilizar el pacto como cordón sanitario.
Todavía hay tiempo para rectificar algunos planteamientos maximalistas en los que se ponen condiciones difíciles de aceptar por el contrario. Lo importante aquí son los proyectos vitales de más de dos millones de castellano-manchegos y no los intereses partidistas, que aunque legítimos, deben quedar en un segundo plano.
Lo más fácil del acuerdo por la reconstrucción ha sido su firma. Ahora hay que trabajar desde la unidad por sacarlo adelante y eso no debe entenderse como una claudicación a los intereses del gobierno. Tiempo habrá para la crítica y para la petición de responsabilidades, pero ahora toca desarrollar los once capítulos de este acuerdo para que no se quede en una compartida declaración de intenciones.