Los resultados electorales del 28-A son claros y dan tanto para la formación de un gobierno de cooperación como de un gobierno de coalición, porque los partidos minoritarios llamados a conformar las mayorías que den estabilidad a la acción de gobierno entran de puntillas en esa cuestión. El partido más concernido es el PNV cuyos seis votos son imprescindibles para que Pedro Sánchez logre los 173 votos que necesita más la abstención de los independentistas catalanes o vascos. Toda vez que a lo largo de las últimas horas las dos cabezas del PNV, el partido y el lehendakari, han manifestado su indiferencia -siempre que se garantice su desarrollo económico y el autogobierno- ante la posibilidad de que el líder de Podemos y otros de sus dirigentes se integren en un “Ejecutivo conjunto” de Pedro Sánchez, la maniobra anunciada por Pablo Iglesias de convertir la sesión de investidura en un plebiscito sobre el gobierno de coalición que proponen para saber si tiene apoyos suficientes en la primera sesión, o sino dar un paso atrás para facilitar la investidura del líder del PSOE en una segunda vuelta, carece de virtualidad.  

La cuestión no es que tipo de gobierno cuenta con más apoyos, sino que a la sesión de investidura no se va a ver qué pasa, como propone Pablo Iglesias, sino a decirles a los ciudadanos que es lo que va a pasar en los próximos años y cuáles van a ser las prioridades y el proyecto que pretende llevar a cabo el Ejecutivo. La decisión del PNV de mantenerse neutral a la hora de decidir la forma de gobierno devuelve el debate dónde ha de resolverse, a una negociación en la que se pongan sobre la mesa los papeles objeto de discusión que establezcan las líneas maestras de la acción de gobierno que se pretende llevar a cabo, en la que se incorporen las demandas de los socios necesarios para que la legislatura eche a andar. O en todo caso es preciso saber que parte alícuota de responsabilidad corresponde a cada cual si se comienza a transitar por el indeseable camino que lleva a la repetición de las elecciones.

Hasta ahora el presidente del Gobierno en funciones y su equipo han tenido coartadas para no afrontar una negociación verdadera. Pero una vez fijada la primera fecha para la investidura ha llegado el momento de saber que quiere, que propone, a quien interpela y cuáles son los pactos que ofrece al resto de las fuerzas políticas que formarán la oposición pero que también están implicados en mejorar la vida de los españoles. Sería deseable que en la próxima ronda de conversaciones con los líderes políticos –excepto con el incomprensiblemente autoexcluido Albert Rivera- se hablara de propuestas más allá de las posiciones conocidas.

En una situación tan cambiante, propia de los momentos en los que se aproxima la hora de las decisiones, la propuesta de Pablo Iglesias que ayer podría tener algún sentido hoy ha dejado de tenerlo, de tal forma que es preciso que junto a ella pase a segundo plano el debate sobre las sillas y los sillones de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros, para centrarse primero en los encuentros y desencuentros, que a priori son muchos, -reforma laboral, precio de la luz, blindaje de las pensiones, lealtad sobre Cataluña- sobre las políticas a desarrollar y donde se encuentra el nudo gordiano de la desconfianza entre podemitas y socialistas, no ocurra que el pacto entre ambos sea imposible.