No debe ser fácil defender en Castilla-La Mancha, y menos en Guadalajara, lugar donde se ubican los embalses de la cabecera del río Tajo, Entrepeñas y Buendía, y donde 'nace' el Trasvase del Tajo al Segura, la enmienda presentada por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados a los presupuestos generales del Estado que deja sin efecto la modificación de las reglas del trasvase que limitan la derivación de agua al Levante, cuando los embalses estén en nivel 2, de 38 a 27 hectómetros cúbicos. Lo comprobó en primera persona el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, que visitó la ciudad y fue preguntado por esta cuestión en compañía del presidente regional, Paco Núñez.
Feijóo no quiso –o no pudo– valorar directamente la enmienda y sus consecuencias para esta tierra, que lleva años viendo pasar de largo ese agua por una inmensa tubería. Se limitó a recurrir a su 'respuesta de manual' reivindicando un «pacto nacional por el agua», pero sin especificar sobre qué pilares se levantaría: ¿La solidaridad? ¿La sostenibilidad? ¿La racionalidad? ¿La coherencia?
«El agua necesita pactos y no guerras» dijo, y en eso estamos todos de acuerdo, ahora bien, sí que dejó caer, tímidamente, que «nosotros sabemos perfectamente que la cuenca cedente tiene que tener prioridades» y «que falta agua». También de acuerdo. También deslizó que convendría «disminuir los consumos donde reciben agua de otras cuencas». Lo firmamos. Pero aquí me falta saber –y sin ánimo de prender la mecha de esa guerra que nadie quiere–, qué es lo que diría, o dirá, Núñez Feijóo cuando visite alguna de las explotaciones de Valencia o Murcia, porque no creo que le diga a López Miras «dile a tus agricultores que mesura con el agua de Castilla-La Mancha, que ellos ni la huelen». No lo hará, porque como bien leyó el mensaje que llevaba guardado esa enmienda el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no son los mismos votos los que da Levante que los que da la España seca de La Mancha. Y eso, a siete meses de unas elecciones municipales y autonómicas, no me dirán que no es importante.
En cualquier caso, y aquí permitan que haga como el que saca su póliza de seguros en un accidente, Castilla-La Mancha tiene la suerte de contar con un Pacto regional por el Agua que, «en teoría», hace a todos los partidos políticos –también al PP– , a los agentes económicos y sociales, organizaciones agrarias, ribereños, regantes, y así hasta medio centenar de firmantes, responsables en la defensa del agua para beneficio de nuestra región. Ojo, lo he dicho muchas veces, si sobra se da, y esta región lo ha demostrado, pero es que hace mucho tiempo que falta, y hablar de expolio ya no es una exageración. La cuestión es si ese pacto, que «en teoría» garantiza la unidad de la Comunidad en este empeño, se puede llevar a la práctica o se va a quedar en papel 'mojado'.