El debate político se ha visto asaltado en estas últimas horas sobre el ‘pin parental’ propuesto por Vox y aprobado por el Gobierno de Murcia. Un asunto que no es nuevo, que viene desde las elecciones andaluzas pero que ahora, inopinadamente, se ha convertido en el eje de la polémica nacional.
Nada menos que tres ministras saltaron a la mesa de la conferencias de Prensa de Moncloa para explicar, con diferente fortuna y con un nivel pedagógico más bien escaso, esta absurda cuestión. Que no es otra que el derecho de los padres a elegir, decidir y tutelar la educación de sus hijos, tal y como señala claramente nuestro texto constitucional.
Enorme tormenta, descomunal turbulencia sobre el asunto, que el Gobierno tiene previsto ‘judicializar’, en contra de lo que viene predicando desde la investidura. ¿Jueces para Murcia sí y para Cataluña no? En las aulas catalanas, es sabido, el sometimiento en los centros educativos a los dictados del independentismo es clamoroso. ¿Unos sí y otros no?
La oposición haría bien en no dejarse atrapar en las redes que le lanza el Gobierno, con habilidad superlativa, todo hay que decirlo. El famoso ‘pin de Abascal’ ha despejado del tablero un asunto crucial y enormemente incómodo para Pedro Sánchez como es la designación de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado. Nunca el nombramiento para ese cargo ha conocido tal rechazo en el seno mismo del poder judicial. Aquí sí hay debate, aquí sí hay polémica, aquí sí aparece Sánchez con el pie cambiado. El Ejecutivo irrumpe en el judicial y nombra a la jefa de los fiscales cuando aún es ministra de Justicia y hasta diputada del PSOE.  ¿Qué hacer? Moncloa reacciona con rapidez y se inventa una polémica  sobre si ‘los hijos pertenecen a los padres’, como señaló Isabel Celaá, titular de Educación. Está bien clara la trampa.