El 30 de julio de 2009, Antonio Salvá se había levantado a las seis de la mañana para coger un barco desde Mallorca a Ibiza. Al filo de las dos de la tarde, estaba comiendo en un restaurante de la isla cuando recibió la llamada de Letizia, una de sus siete hijos. “Papá acaba de estallar una bomba en Palmanova”. Antonio le dio escasa credibilidad y en ningún momento pensó que podría tratarse de un atentado. Siguió comiendo aunque, con el paso de los minutos y, a medida que sus compañeros de mesa iban recibiendo noticias, comenzó a inquietarse. Al instante llamó a su hijo Diego, un joven de 27 años que se había incorporado ese mismo día a su puesto en la Guardia Civil tras un accidente de moto que casi le cuesta la vida. Permaneció 23 días en coma y tuvo que volver a aprender a caminar y hablar. Esa mañana Antonio se cruzó con Diego por el pasillo de casa antes de coger el barco. Su hijo iba en pijama y le comentó una escena que le dejó un tanto desconcertado: “Voy a vuestro cuarto de baño que mamá me ha dado permiso”.  Mentalmente, Diego no estaba del todo recuperado pero había decidido comenzar a trabajar en un departamento sin armas para no perder el destino. Tenía la ilusión del primer día y, hasta que la recuperación fuera completa, iba a realizar labores de secretaría.

Cuando Antonio llamó a su hijo nadie cogió el teléfono y su incredulidad inicial se tradujo en nerviosismo. El día anterior, ETA había atentado contra el cuartel de la Guardia Civil en Burgos. Sin aviso previo, los terroristas colocaron una furgoneta bomba junto al edificio para intentar una nueva masacre. Como si de un milagro se tratara, no hubo muertos aunque sesenta personas resultaron heridas. Antonio volvió a marcar el número de su hijo y tampoco respondió. A partir de ahí comenzó a moverse. Llamó a la Delegación del Gobierno y a la Comandancia de la Guardia Civil. Nadie tenía datos, pero ya comenzaba a correr la noticia de que había dos muertos. “Entonces yo era liberado en el hospital de Inca y conocía a mucha gente en los servicios de emergencias. Llamé a la coordinadora y me  contestó que allí sólo podían dar noticias sobre vivos y no sobre muertos”. Aunque sólo habían pasado diez minutos, el tiempo se estaba haciendo eterno. A las tres en punto, Antonio habló con el jefe médico de la Guardia Civil, amigo suyo, y le dijo: Toni, es tu hijo. “A partir de ahí mi vida cambió para siempre”.

Diez años después del asesinato de Diego Salvá y de su compañero Carlos Sáenz de Tejada, las fuerzas de seguridad del Estado apenas tienen pistas sobre los autores del crimen. Es uno de los 300 atentados de ETA que todavía están sin resolver y aquí hay pocas esperanzas. El martes, hablé con los padres de los dos guardias civiles. Ha pasado una década y siguen con la herida abierta porque ni siquiera saben quién asesinó a sus hijos. En estos momentos, los asesinatos terroristas no prescriben nunca. Pero esto es así desde la reforma legal que se hizo en el año 2015, anterior al atentado de Mallorca. Atendiendo a la legislación vigente en aquel momento, si en 2029 no hay pistas, no se podrá condenar a nadie. Hay una vía que me apuntaba el padre de Diego: “Se puede castigar por delitos de lesa humanidad a los jefes de la banda en aquel momento”. Esa es la vía, pero falta el impulso político y judicial para que el dolor y el sacrificio de las familias de Diego, de Carlos y de tantas otras no hayan sido en balde.