Esta semana nos hemos preguntado qué se debe sentir al llegar a ser ministro de un gobierno y comprobar un día cómo te impiden hablar, expresarte en libertad sobre cualquier asunto del que te pregunten. Una autoridad del nivel de un ministro debería ser soberano en la decisión de dar su opinión a los ciudadanos, porque en ella se trasluce cuales van a ser sus políticas en la acción de gobierno que le corresponda. Ya sabemos que esto es una quimera en la política española desde hace muchas décadas, ya tenemos asimilado y hasta aburrido que los políticos, sean ministros o no, dirán siempre lo que interese al partido por el que han sido elegidos y se callarán ante las cámaras y los micrófonos todo aquello que, siendo una interpretación personal, pueda contradecir la versión oficial, la verdad oficial. Pero esta semana que hoy termina el giro que ha dado esta realidad nunca lo habríamos podido imaginar si nos lo cuentan, en avanzadilla, pongamos que hace un año y medio, cuando se formaba el nuevo y primer gobierno de coalición de nuestra democracia. Ahora hemos comprobado cómo un gobierno puede directamente vetar a una de sus componentes, en público y sin el menor rubor, para conseguir el bien supremo de la verdad incuestionable, la que en política se impone a golpe de "totalitarismo democrático" a todos aquellos que discrepen.

Todos sabíamos que Irene Montero iba a soltar por esa boca palabras gruesas el lunes al ver la convocatoria del Consejo de Ministros. Hacía pocas horas, el presidente del gobierno definido el asalto a la valla de Melilla como "bien resuelto" por la policía de su ahora país amigo Marruecos. Murieron casi treinta inmigrantes, hermanos de sangre de los que con parafernalia televisiva y altavoz internacional fueron acogidos en Valencia a las pocas semanas de llegar al poder tras su moción de censura. Del Open Arms a apoyar la represión y la brutalidad, en sólo cuatro años. Todos presumíamos que la ministra iba a desmarcarse de la posición sanchista y que habría fuegos artificiales en la sala de prensa de La Moncloa. Pero, créanme, jamás pudimos imaginar que el entuerto se resolvería como la portavoz eligió resolverlo, en una estrategia sin duda ideada en algún despacho colindante al suyo: negando el uso de la palabra, como si de un párvulo se tratara, a una ministra del gobierno, a una representante del Estado, a una personalidad política de rango equivalente al segundo escalón entre las máximas autoridades del país. No era un periodista enemigo y ultra, no era un rival parlamentario enrabietado, no era un compañero o compañera de su siempre turbulento partido el que le negaba hablar. Era una ministra como ella que imponía una ley del silencio incalificable en el sacrosanto lugar donde la palabra es obligatoria, perentoria, inexcusable... Y así continuó la conferencia, y así terminó, y así el ciudadano aguarda al próximo capítulo.