Se lo ha dicho Europa a nuestro encantador presidente Pedro Sánchez. El órgano de gobierno de jueces y magistrados, que a pesar de no ser quien administra la justicia es el que administra a todas las personas que administran la justicia, no puede ser nombrado por la misma mayoría que lo elige a él presidente. Los cargos del Consejo General del Poder Judicial, como los del Tribunal Constitucional y el resto de órganos constitucionales, no nacen en los árboles: irremediablemente los tiene que elegir alguien, y que la Constitución señale que, entre otros, puede intervenir en ello el Congreso y el Senado es lo natural, pues así la ciudadanía participa evitando los corporativismos.
Ahora bien, esta realidad no oculta dos cosas, que han sido ignoradas desde 1985. La primera es que no está mal que otras profesiones jurídicas entren, pero no tiene sentido que los propios jueces y juezas no tengan todo el protagonismo y la preminencia en ese órgano. La segunda, es que las mayorías amplias se exigen para que los dos principales partidos se pongan de acuerdo en los nombramientos, y no están fijadas por el creador de la Constitución para que se repartan los cargos, sino que persigue el que consensuen los mejores perfiles y candidatos.
No estaría mal que, en la próxima reforma de este órgano de los jueces, así como en el resto de los que exigen un acuerdo entre grandes partidos (la parte del Tribunal Constitucional que escoge el Parlamento, el Defensor del Pueblo y sus adjuntos, o el Tribunal de Cuentas), el fin no fuera saber cuántos designa cada cual, sino quiénes tienen el apoyo más amplio por ser aceptables para las grandes mayorías. De esa forma, los profesionales especializados en cada campo tendrían más posibilidades de alcanzar estos órganos constitucionales desplazando a personas que, unas veces son muy buenos profesionales, otras son buenos profesionales y tienen grandes amigos en las elites políticas y empresariales, y unas terceras, solo tienen lo último, las amistades. Por fortuna estas últimas personas han sido las menos, pero es muy dificultoso que lleguen candidatos de consenso si la cuota de partido sustituye al acuerdo sobre los perfiles. Que con los centenares de jueces que hay, no se prime para su órgano de gobierno esta profesión, es una falta de consideración hacia su pericia técnica.
Este argumento, más practico que teórico, debería reinar en lo sucesivo. Y de igual manera en otros órganos como el Defensor del Pueblo y sus adjuntos, donde llegan mayoritariamente personas que no están familiarizadas con la garantía y protección de los derechos humanos. Que los parlamentarios y sus partidos voten estos cargos es lo normal, pero que sigan un criterio de acuerdo en las personas proponiendo candidatos compartidos con la base de profesionalidad y experiencia necesaria, cosa distinta al reparto numérico.