Con los niveles más bajos de la tercera ola de la pandemia, menos en las uci, donde los ingresos son más prolongados, vamos camino de unos festivos de Semana Santa que de nuevo nos ponen en alerta de lo que pueda ocurrir, teniendo en cuenta que la estrategia que se mantiene es la de que los ciudadanos convivamos con el virus, es decir, que todo depende del grado de responsabilidad individual.
En esta ocasión, puede que aleccionados por los errores vistos en navidades, parece que hay un amplio consenso entre el Gobierno y las comunidades de ser poco permisivos en cuanto a movilidad y establecer cierres perimetrales, allá donde se han retirado, bajo la máxima de que los contagios se expanden fruto de los movimientos de personas. Hay una excepción y es la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que antepone la situación económica a las posibles repercusiones sanitarias porque no quiere «que los madrileños se arruinen».
Hay quien sostiene que, más que una defensa de la actividad para que sus vecinos sigan consumiendo en bares, es un reto al Ejecutivo de Sánchez, contra quien puede que quiera enfrentarse en una futura carrera electoral, si le van mal las cosas a Pablo Casado, si es que puede quitarse de un codazo al alcalde de la villa y corte, José Luis Martínez-Almeida, subiendo enteros entre los conservadores y con la oposición dividida.
Aquí sí que los madrileños solo dependen de ellos mismos y de sus medidas de protección mientras se trata de hacer política con la maldita enfermedad que se ha saldado con más de 70.000 fallecidos oficialmente y por encima de tres millones de afectados, muchos aún con secuelas.
Es comprensible la medida del delegado del Gobierno de suspender las manifestaciones y concentraciones del 8M para evitar aglomeraciones, no porque quien haya gritado en contra de que se clame por la igualdad de derechos hayan sido los del lado más conservador, que ya salieron con cacerolas y palos de golf, y es verdad que ha habido cientos de manifestaciones, incluidas de negacionistas. Estaban previstas medidas sanitarias pero en una gran ciudad es muy difícil controlar la situación. La reivindicación debe seguir viva a diario cuando estamos en un país donde 2,8 millones de mujeres han sufrido violencia sexual y más de 4 millones, agresiones físicas. Bien saben muchas lo que les ha costado tener que convivir con el enemigo durante un largo confinamiento.
Habrá momentos para volver a salir a las calles y hacer oír su voz. No crean que ello supone una victoria de quienes de forma interesada critican las protestas, comenzando por la ultraderecha, que han llegado a proponer mociones en ayuntamientos para declarar el 8M Día Internacional de las Víctimas de la Covid-19, que con el respeto que se merecen estas, no deja de ser una iniciativa cargada de mala idea.
Para seguir celebrando el 8M quizá haya que hacer algunos esfuerzos, también en otros ámbitos, pero de momento lo que conviene es tener cuidado ahí fuera.