Las últimas dos semanas están ofreciendo a la opinión pública un espectáculo de contrariedades que, a pesar de ser plenamente acordes con la democracia representativa y el parlamentarismo, no siempre tienen acomodo en la razón ni en el entendimiento de los votantes. Me refiero a la cuestión de los pactos para conseguir gobiernos en España, en Comunidades Autónomas y en Corporaciones Locales. No cabe duda que lo que cuenta para elegir a los presidentes de gobiernos o de ayuntamientos es la mayoría de representantes, que a su vez refleja la mayoría de ciudadanos. La pequeña pega de este planteamiento es que los diputados o los concejales, según sean los cargos a proveer, no suelen manifestar de antemano a quien van a votar si salen elegidos, pero no es su opción la más votada o la que tiene alguna posibilidad de reunir mayorías. La incertidumbre posterior, que se vive hoy en centenares de lugares de España, está servida. Algunos han propuesto que gobierne la lista más votada, siempre que sea la suya, pues en caso contrario acuden a la base de la democracia representativa que es que decida la mayoría de los representantes electos. Otros lo quieren resolver tirando de presiones personales, manifestaciones ciudadanas, rocambolescas interpretaciones del sentir de los votantes o cambios de cromos entre instituciones. Yo creo que es muy democrática esa última palabra en mano de la mayoría de los parlamentos o de las corporaciones locales, pero siempre que los cargos públicos que van a apoyar a una u otra opción dejen meridianamente claro a sus votantes (en una suerte de contrato no escrito o de palabra de honor con sus electores) qué van a hacer en caso de que no ganen, pero sí son decisivos para que otro gobierne. Obviamente que si dicen eso antes de cada una de las elecciones lanzarían el mensaje de que salen a perder y eso desanimaría a votarlos. Por eso, parece que la salida más coherente con lo que lleva pasando en España desde que el bipartidismo se quebró, sería establecer una nueva vuelta entre la primera y la segunda opción más apoyada, cuando la primera no superase la mitad más uno de los votos emitidos o alcanzase la mayoría absoluta de representantes. El pueblo, así, cubriría esas lagunillas de incertidumbre que se convierten en océanos y que generan que la última palabra resida en los despachos. El sistema actual es democrático y legitima a quien salga finalmente elegido, pero qué duda cabe que a toda la gente le gustaría retomar el poder inclinar la balanza cuando no han existido mayorías absolutas. Se reforzaría así, además, la legitimidad de los presidentes de gobierno y alcaldes, y las minorías seguirían siendo fundamentales e importantes (para apoyar presupuestos, mociones de censura y cualesquiera decisiones de la vida diaria), pero sin imponer desde el inicio a las mayorías sus criterios. Habría negociación y acuerdo, pero dejando claro que la cabeza de los gobiernos en caso de duda requiere el visto bueno fehaciente de los votantes.