Dentro de una semana, el próximo 15 de enero, se sabrá definitivamente si se celebran las elecciones autonómicas catalanas previstas para el 14 de febrero, en función de la evolución de los contagios por el covid-19 que registran un incremento de los porcentajes en la velocidad de contagio, la incidencia acumulada por cada cien mil habitantes y el número total de afectados.
Serán las terceras elecciones que se realicen en nuestro país bajo la influencia de la pandemia después de las realizadas el 12 de julio en el País Vasco y Galicia. En aquellos momentos el número de contagios habían bajado significativamente hacia relativamente poco tiempo que se había salido del confinamiento total y la segunda ola de contagios no estaba en el horizonte. Aun así la participación en las elecciones vascas fue 10 puntos menos que cuatro años antes, y la diferencia fue de más de 14 puntos en las gallegas donde votó menos del 50% del censo electoral. En las elecciones catalanas de 2017 votó el 79% de los electores, cifra difícil de alcanzar en las circunstancias actuales.
A una semana vista de la decisión de los partidos catalanes, los partidos comienzan a realizar sus cálculos sobre cuáles de las opciones es mejor, si retrasar la celebración de los comicios o seguir adelante con todas las consecuencias. Y si se decide celebrarlas, ver qué novedades se pueden aplicar para favorecer la participación minimizando los riesgos de los votantes.
Un aplazamiento de las votaciones sobre el calendario previsto cuando la incidencia de la pandemia no había alcanzado los baremos actuales -susceptibles de empeorar como consecuencia del repunte que se espera una vez que se contabilice todo el efecto de las reuniones familiares en las fiestas navideñas-, perjudicará a quienes tenían más consolidados sus proyectos y sus líderes, y a quienes trataban de utilizar el factor sorpresa de algunas de sus decisiones. Por el contrario, beneficiará a aquellos que necesitan un margen mayor de tiempo que les permitiría afinar su estrategia o buscar algún nuevo golpe de efecto.
Con el aliento en el cogote de JxCAT del redivivo Carles Puigdemont, cabeza de lista sin posibilidades de asumir la presidencia de la Generalitat, que repetiría la estrategia de la presidencia vicaria con la actual diputada Laura Borrás, ERC sería el partido más perjudicado por un retraso de las elecciones dado que la ventaja con la que partía se difumina poco a poco y puede volver a quedarse a las puertas del triunfo por primera vez, y con su fracaso, el retorno de la estrategia de la unilateralidad para seguir con el ‘procés’.
Para el PSC el factor sorpresa de la candidatura del ministro de Sanidad, Salvador Illa, también quedaría diluido y la anomalía de su permanencia en el Consejo de ministros sería aún más difícil de justificar si para el 29 de enero –cuando comienza la campaña electoral- no se produce su relevo, aunque los socialistas catalanes llevan una carrera ascendente en las encuestas. PP y Ciudadanos, que van de fichaje en fichaje, necesitan tiempo para diferenciar sus mensajes entre ellos y marcar distancias con Vox. Lo mismo ocurre con las escisiones de JxCAT, el PdeCAT y el PNC, que tratan de recuperar el autonomismo del primer Jordi Pujol pero acusan haber entrado tarde en la liza electoral y un aplazamiento beneficiaría su búsqueda de apoyos electorales.