El Gobierno logró ayer un consenso que se le resistía, como ha sido habitual en los últimos meses, por la actitud de suficiencia con la que ha afrontado muchas negociaciones. El acuerdo alcanzado a tres bandas con sindicatos y patronal para la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo era, sin lugar a dudas, un asunto que requería del máximo respaldo y de cierta capacidad de todas las partes para entender un contexto sanitario y económico cada vez más complejo, que a medida que vaya pasando el tiempo va a exigir mayor grado de diálogo y de compromiso porque las dificultades van a ser cada vez mayores.

La cifra del coste de las medidas tomadas por el Gobierno para evitar la ruina de empresas y la falta de ingresos de decenas de miles de trabajadores habla a las claras de la dimensión del problema: unos 25.000 millones de euros dispuestos hasta ahora son el claro ejemplo de lo imprescindible de este acuerdo y de cualquier otro a futuro. Sin embargo, para alcanzar el de ayer ha sido necesario esperar a última hora, casi a 48 horas de que mañana, 1 de octubre, el tejido productivo del país quedase expuesto a un escenario inimaginable. Si bien es cierto que el acuerdo estaba cantado, dado que nadie iba a correr el riesgo de quedar señalado en unas circunstancias como estas, sería también recomendable que, en adelante, las tres partes implicadas se pongan de acuerdo sin apurar los plazos.

La prórroga suscrita es una solución temporal que permite mirar hacia delante con cierto respiro a miles de familias del país. Entre todo el tejido empresarial había una actividad especialmente preocupada estas semanas por la negativa inicial del Ejecutivo a incluirla en los beneficios de esta extensión de las ayudas: la hostelería. Siendo un sector con un impacto tan importante en la economía y en el empleo, estas reticencias del Gobierno han sido las que en buena parte han generado las tensiones hasta el último momento. De hecho, en la inmensa mayoría de las capitales el sector se movilizó ayer, con un alto seguimiento, en un último intento de hacer ver a los negociadores del Gobierno que dejarles a un lado tendría efectos negativos.

La principal incógnita a despejar desde el primer día del mes de octubre, cuando entra en vigor la prórroga, es si existe conciencia de que todo el dinero que cuestan las nuevas medidas tendrá una repercusión en las cuentas públicas y en la deuda. Cuando con el tiempo, en los plazos que se determine, haya que decidir cómo se recuperan las arcas públicas, sería una sorpresa que el conjunto de la ciudadanía mostrase estupor por el sacrificio que, sin duda, habrá que hacer por la vía de los impuestos.