Asegura Teresa Ribera, vicepresidenta para la Transición Ecológica, y persona encargada por el presidente de poner coto al desmadre del mercado eléctrico, que «las eléctricas no han demostrado ninguna empatía social»; y uno, en su inocencia de ciudadano que las ha visto de todos los colores, se pregunta: ¿Y el gobierno, qué empatía social ha demostrado ante el bochornoso mercadeo eléctrico? ¿Ha sido consciente del drama vivido este verano, con calores propios de Iraq, con los millones de personas que se han visto obligadas a no poder hacer siquiera uso del ventilador? La salida de Ribera demuestra, por lo demás, que ella es de las que esperan solidaridad, por no decir caridad, de unos señores que velan exclusivamente por sus intereses. Y, ¿para qué está el Estado, sino para reprimir los abusos de esta índole?
Cuando el presidente Sánchez viaja pregonando los logros de su Gobierno, o sea, los suyos –manía en la que ha dado en este comienzo de curso–, se guarda muy bien de aludir a los temas espinosos que hacen la vida del ciudadano de a pie cada día más difícil y amarga. Su manera de autoadularse, siempre con el yo por delante, en vez de hacer uso del plural mayestático, habitual incluso entre los Papas, demuestra bien a las claras el vicio en que incurren a diario las clases dirigentes, cantando sus loas, en vez de esperar, como sería de exigir, que fueran los demás quienes calificaran sus actuaciones. Pero, claro, mientras haya gente que se las crea…
Considero que ya es hora de gobernar haciendo uso de la autocrítica, de la humildad y de la calma. Esta España que a duras penas sale de una pandemia gestionada como buenamente se ha podido, exige dejar las flores a un lado y hacer lo que hacía Camoto, aquel buen entrenador del Albacete Balompié, cuando, en un rapto de sinceridad a sus jugadores, les decía: «No nos engañemos, somos once pepas». Ésa, señor Sánchez, es la amarga verdad de un país donde unos cuantos privilegiados se las ingenian, con la colaboración del Gobierno de turno y con todo el aparato del Estado si fuera preciso, para vivir de lujo a costa del noventa y tantos por ciento de la población. Un país con vicios ancestrales que no hay dios que se atreva  a meterles mano; un país con el récord de desempleados de la Unión Europea; un país en el que el paro juvenil sobrepasa lo imaginable; un país con unas desigualdades en escandaloso aumento, con salarios de miseria y con una clase media en franca recesión; un país donde al trabajador le suben cinco y le birlan quince; un país dividido y donde el sentido de la solidaridad ha tiempo que se esfumó; un país, en resumidas cuentas, del ‘sálvese quien pueda’.  
Ha bastado que se nos haya pasado el susto y que empecemos a levantar cabeza, para que los de siempre inicien –con nula empatía social, que diría la vicepresidenta– su particular campaña de aumento de precios de consumo (cuyo índice interanual, a día de hoy, es ya de 3,3%), de jubilaciones forzosas (como el Banco Sabadell) y demás zarandajas, ante la impasibilidad de un gobierno que saca pecho, y de qué forma, con los 15 euros que pretende aumentar el salario mínimo (15 euros que no dejan de ser un insulto para el trabajador), sin entender que más valdría que se esforzara en contener el desmadre de los que sólo conocen el verbo ‘subir’, que seguir la política del limosneo.
Por eso, y antes que de nuevo tengamos que alumbrarnos con candiles, bueno será instar al Gobierno a llegar a acuerdos con los demás partidos del espectro con el fin de, humildemente y sin jactancias, evitar que este país tan hermoso llamado España siga hundiéndose en la ciénaga por culpa de la incapacidad de unos gobernantes que están ahí, no por méritos, sino porque alguien los puso. Hay problemas que necesariamente exigen acuerdos; problemas básicos, elementales, que aquí siguen si resolverse por culpa de antipatías personales, falta de criterio y capacidad de diálogo. Nada extraño que incluso países como Portugal nos estén pasando como bólidos.