Desde el primer Podemos más guay de mayo de 2014, al PP de Pontevedra de la actualidad, pasando por versos sueltos de la política local de los demás partidos, se nos ha recordado que una de las labores de la acción de gobierno es hacer felices a los ciudadanos. Muy cursi, pero históricamente sostenible. Nuestros mayores de la España que entonces se extendía a ‘ambos lados del hemisferio’, nos plantearon en la Constitución de Cádiz, allá por 1812, su deseo de realizar una organización política encaminada a conseguir la felicidad.
Siguiendo la pretensión de aquellas primeras Cartas liberales, entendieron que una nueva norma con la pretensión de utilidad y cercanía para el pueblo, tan inadaptado a farragosos, incomprensibles y desconocidos textos legales precedentes, lo primero que debía de hacer era contar a sus destinatarios la respuesta que, con lógica, cualquiera que hubiera sido preguntado, habría querido dar. ¿Qué le pide usted de la vida?: ser feliz.
El desuso de los apelativos a la felicidad como finalidad última de los Estados, las estructuras político-administrativas y las constituciones, no se deriva de la deshumanización de las organizaciones políticas más avanzadas, puede que más bien sea consecuencia de la honradez realista que exige un derecho comprometido, garantista y práctico, típico de una constitución normativa.
Me explico: las constituciones de hoy son tales porque son aplicables, ni siquiera en todos sus mandatos han de requerir forzosamente un desarrollo legal, y se sitúan en la cúspide del edificio jurídico compuesto por normas democráticas. Sin una manifiesta e inexcusable aplicación efectiva, la constitución de cada Estado Social y Democrático de Derecho, no pudiera ser llamada ‘constitución’. Por eso requiere que cada precepto legal tenga una garantía inmediata de protección (el caso de determinados derechos humanos, que en España se catalogan como ‘fundamentales’) o al menos visos de poder realizar su contenido (derechos como los relativos a la extensión cultural: nadie puede garantizar el fin perseguido, pero existen medios objetivos para su fomento y son fácilmente reconocibles las acciones que lo dificultan).
Así, nada tan subjetivo hay como la felicidad, que puede ser alcanzada por un enamorado en su pubertad, aunque a su alrededor campe la miseria; o por el contrario ser renuente a entregarse a una acaudalada mujer de negocios en la flor de la vida y sin problemas reseñables. Un derecho avanzado, práctico, coherente, con ocasión de ser reconocido y respetado por la sociedad, no puede, por tanto, prometer lo que no alcance a cumplir: y la felicidad es, por su propia naturaleza, algo que una persona, los que le rodean, y desde luego la organización política, no puede asegurar. Si han aguantado esta disertación, les invito la semana que viene a leer lo que hoy pueden darnos los gobernantes y que sí se asemeja algo a esta felicidad de 1812.