El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez formuló en sede parlamentaria la voluntad de abordar unos pactos para la reconstrucción que permitan una mejor salida de la crisis económica que se superpone a la crisis sanitaria. La oficialización del deseo del Gobierno de coalición ha sido respondida en contra con firmeza por parte de los dos principales de la oposición, PP y Vox y las reticencias de los partidos nacionalistas e independentista y con el espíritu favorable de Ciudadanos y otros partidos menores.

La próxima semana tendrán lugar los primeros contactos para un acuerdo que la ciudadanía ve también con buenos ojos y consideran necesarios ante el paisaje después de la batalla que se vislumbra y que cuenta también con el respaldo de los sindicatos más representativos y al que también serán llamadas las comunidades autónomas.

La dureza de las críticas de Pablo Casado hacia el 'trampantojo' que considera la oferta de Pedro Sánchez al que criticó por su ineficacia de una manera inusitada, no hace presagiar un buen resultado de ese primer encuentro, si no tiene ninguna voluntad de acercamiento en torno a los dos asuntos que será inevitable abordar en esas negociaciones, una reforma fiscal y un nuevo marco laboral que acabe con las disfunciones del modelo actual.

Desde ese punto de vista, una posible concertación dependerá de la posición que adopte la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) porque los empresarios son los verdaderos afectados por los cambios fiscales y laborales que se puedan aprobar, que son los mismos que se tuvieron que abordar en los pactos de La Moncloa primigenios. La reforma fiscal progresiva debe permitir al Estado recaudar más y acercar esa recaudación a la que se registra en los países de nuestro entorno sin que ello vaya en detrimento de su competitividad y que sirva para acortar la brecha entre beneficios empresariales y salarios, aumentada en los últimos diez años. La precariedad del mercado laboral tampoco puede ser la norma de contratación y los empresarios deben entender que esa situación es insostenible.

Ya el primer presidente de la CEOE, Ferrer Salat, se mostró en contra de los pactos de La Moncloa y consideraba a Adolfo Suárez un peligroso izquierdista procedente de la Falange. En aquella ocasión la patronal no tenía ni la fuerza ni la organización con la que cuenta en la actualidad. Habrá que esperar cuales son las propuestas que presente el Gobierno y el margen de negociación que se puede desarrollar. Pero si los empresarios vieran alguna posibilidad de que se llegue a un acuerdo lo que supone cesiones por todas partes, arrastrarían sin ninguna duda a los partidos que ahora son reticentes a la firma de un pacto. Si los empresarios se encastillan en el caramelo fiscal que proponen desde la derecha, no habrá posibilidad de acuerdo. Si consideran que deben comprometerse con una salida a esta crisis distinta a la de la gran recesión hay esperanza.

Por supuesto que el Gobierno debe ser generoso, ser el primero en renunciar a programas máximos, sin olvidar que lo que se va a necesitar también una defensa genuina de lo público. Pero su oferta de pacto lo que va a permitir es que todo el mundo se retrate ante una ciudadanía convulsionada por una situación inédita -que también ha podido se mejor gestionada- pero a la que le gustaría ver a sus políticos y agentes sociales remar en la misma dirección.