«La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de...». Así arranca el preámbulo de la Constitución española. «Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una Unión más perfecta...». Y así la de EEUU, ellos siempre tan sentimentales.
Son voluntades que han permanecido intactas durante años, y a las que casi no cabe enmienda. Esta semana se ha iniciado en Castilla-La Mancha el procedimiento para reformar el Estatuto de Autonomía de la región, la «norma institucional básica» que regula el funcionamiento de las instituciones dentro de ese «derecho a la autonomía» que tenemos reconocido constitucionalmente.
Desde hace años se viene reclamando desde distintos sectores esa reforma estatutaria para construir un texto que se adapte a las necesidades del siglo XXI. Una norma que recoja las nuevas sensibilidades que presenta un sociedad moderna, inquieta, y con ganas de participar de la vida pública.
Es por eso que en ese primer encuentro que mantuvieron los partidos de la región con representación parlamentaria (PSOE, PP y Ciudadanos), ya se apuntó el deseo de que el nuevo texto, que quieren esté ya en fase de borrador antes del verano, nazca del consenso. Pero es que ese deseo debe ser una necesidad. Ya sabemos lo que pasa con las leyes que se aprueban solo por una parte de la Cámara. Miren la ley de Educación, que llevamos ocho ya.
Y por eso mismo no solo es necesario apelar al máximo consenso parlamentario, sino a la complicidad del ciudadano. La norma que salga de este debate no debe dar la espalda a los habitantes de Castilla-La Mancha, porque si bien el actual Estatuto de Autonomía ha otorgado los mayores índices de progreso, derechos e igualdad, el nuevo texto deberá garantizar todo lo conseguido y diseñar nuevos caminos de progreso que impulsen esa modernización hacia ese estatuto del siglo XXI. De no contar con ese respaldo mayoritario, no solo parlamentario sino social, estaremos ante un documento anémico.
Afianzar la autonomía y el bienestar de los ciudadanos de Castilla-La Mancha debe ser una de las claves, el punto de partida. A partir de ahí, el nuevo estatuto debería abordar una mejora de la representatividad de las sensibilidades de la región, a través de una nueva ley electoral, o mejorar el régimen competencial para mantener el nivel de autonomía que, igual que antes, no se podrá hacer de espaldas al resto de instituciones del país. Es necesaria la relación con el Estado y las otras comunidades autónomas. Seremos autónomos, pero no podemos pensar que podemos hacerlo todo solos. El debate sobre el uso del agua o la mejora de la financiación autonómica también deberían tener cabida en este nuevo texto que deberá esbozar la región del futuro, teniendo en cuenta que, como el actual texto recoge, los poderes de la Comunidad «emanan de la Constitución, del pueblo y del presente Estatuto».