Mame Mbaye cayó desplomado en el barrio madrileño de Lavapiés mientras corría de la persecución policial, el 15 de marzo de 2018. Su delito, vender algunos productos como mantero. Murió de un infarto pero nadie pudo grabarlo, por tanto la versión con la que se saldó el caso, es que Mame paseaba tranquilamente a su casa cuando sufrió parada cardiorrespiratoria y la policía fue a socorrerle. Mame llegó en patera de Senegal doce años antes y en todo este tiempo nuestro país le negó el derecho a poder vivir y trabajar legalmente. Cuentan que sus últimas palabras, casi sin aliento, fueron: «No puedo más».
Mahamadou Coulibaly recibió una puñalada de su jefe en una finca de Jaén el 10 de diciembre de 2019. El temporero de Mali se negó a recoger la aceituna en una zona en pendiente sin protección ni medidas de seguridad. Se provocó una discusión que lo llevó al hospital, a quirófano y, afortunadamente sin graves consecuencias de salud, pero sin poder trabajar. Su jefe en libertad con cargos. Ha tenido que tirar de abogados para que le paguen los días trabajados y que se reconozca accidente laboral. Sin papeles, trabajaba en situación irregular. Hace tres años que cruzó el estrecho y es solicitante de asilo, un derecho internacional protegido por la Convención de Ginebra de 1951 que España, como el resto de Europa, están racaneando y restringiendo sistemáticamente.
Said Aballa muere de un infarto mientras recogía aceitunas en otra finca de Jaén en diciembre pasado. Su jefe dejó el cuerpo abandonado en la camilla de un centro de salud. Está en libertad con cargos. El joven saharaui de 31 años llegó siendo un menor a nuestro país, por lo que mínimo 14 años, no fueron suficientes para regularizar su situación.
No tuvieron olas de protestas en el mundo, ni hashtags, ni portadas en periódicos. Sus muertes fueron lloradas y denunciadas por sus compatriotas, compañeros en el tajo y algunas almas solidarias. Un puñado de actos de protestas para mostrar la rabia que fueron utilizados para criminalizarles. Ellos tienen en común ser negros o ‘no blancos’, africanos e inmigrantes. Haber recibido la violencia institucional, racismo e indiferencia social. Pero sobre todo, tienen en común ser pobres y sufrir las consecuencias de esta plaga cada vez más cruel y normalizada, como es la aporofobia. Este concepto se lo debemos a la filósofa Adela Cortina que lo define como el miedo, recelo y prevención hacia los pobres. Es algo más, o es lo fundamental cuando detectamos racismo y xenofobia. Idolatramos a negros famosos y ricos, acogemos y otorgamos residencia legal a extranjeros turistas en nuestras costas o reverenciamos a multimillonarios árabes. Pero rechazamos a los pobres. Y no solo a los que vienen de fuera. Solo así se entiende la reacción tan insolidaria y egoísta ante la posibilidad de aliviar la pobreza extrema con un mínimo ingreso vital de 461,5euros, del que por cierto, quedan fuera las y los inmigrantes sin papeles.
Ayer, varias ciudades españolas, recogieron el testigo de las protestas norteamericanas tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía. Colectivos de activistas pro derechos humanos, inmigrantes y de afrodescendientes se sumaron a esa necesidad de gritar la rabia, la indignación, la tristeza. Reaccionamos mecánicamente a las protestas de allá pero nos cuesta conmovernos y actuar contra las violencias racistas y aporofóbicas que tenemos al lado.