Sí es sí. Es más indignante que violen a tu hermana o a tu vecina que se gasten el dinero público en cocaína y prostitutas. Sí es sí. Genera más alarma social que un pederasta salga de la cárcel antes de tiempo que indulten a los que han intentado dar un golpe contra el sistema democrático. Sí es sí. Los votantes pueden perdonar la corrupción si robas para mantenerte en el poder y no te cazan llevándotelo a tu bolsillo, pero se escandalizarán cuando un pederasta condenado por abusar de niños pequeños vea reducida su condena gracias a una ley del propio Gobierno. Se pueden olvidar las noches de boda con Podemos, los pactos con Esquerra y Bildu y los acercamientos continuos de etarras a cárceles del País Vasco hasta que no quede ningún terrorista fuera de esta comunidad autónoma. La anestesia general que nos vienen aplicando tiene un efecto duradero capaz de reducir a la nada todo eso y más. En cambio, la reacción será bien diferente si cualquiera de los delincuentes que desde octubre está de festival por la ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual lo vuelve a hacer.
Ese es el argumento esencial que lleva ahora al PSOE a modificar la ley del solo sí es. Es esa sensación de chapuza que hay en una mayoría de los ciudadanos tras la hemorragia creciente de casos que, a menos de cuatro meses para las elecciones, amenaza con trasladarse a las urnas. No es el escándalo que supone ver la salida de violadores a la calle. Lo están midiendo en función del coste electoral y de ahí que hayan tardado más de 100 días en reaccionar. Lo que buscan ahora es un golpe de efecto con el que vender a los votantes que, de no ser por ellos, la cifra podía ser mucho más escandalosa. «Estimado vecino: usted es un pobre sin motivo para quejarse. Podría serlo mucho más». Con este escándalo ocurre algo parecido, aunque con un matiz importante. La falta de reacción, fundamentalmente antes de que la ley se aprobara, no podrá ser enmendada de inmediato y los agraciados por el Gobierno seguirán de enhorabuena, a no ser que estén ya en la calle y vuelvan a delinquir. Si ocurre cualquier desgracia -que nadie quiere-, todas las miradas se dirigirán a Irene Montero y al Ministerio de Igualdad, ocultando que fue el consejo de ministros en su conjunto -incluidos tres jueces: Llop, Marlaska y Robles- los encargados de sacarla adelante con piropos nada originales; fueron también los grupos que dieron el sí es sí durante su tramitación parlamentaria. Solo PP y Vox se salieron del carril, con lo que es fácil deducir que, además de los socios habituales del Gobierno, se sumó Ciudadanos, que, en pleno proceso de descomposición, lo menos grave que le puede pasar es que le recuerden ese movimiento equivocado.
Esta vez el Gobierno es consciente de que no ha podido engañar a la masa. No han colado los lamentos falaces que acusan a los jueces de machistas y poco formados; no ha funcionado la estrategia de descargar en el Supremo toda la responsabilidad para que unificara doctrina, cuando sabían que hay que analizar caso por caso. Conocían lo que iba a ocurrir y tragaron para no incomodar al socio con el que Sánchez duerme cada noche en la misma cama. Y eso es lo que ha provocado esta reacción tardía. No solo han quedado en evidencia las responsables de un ministerio que siguen sin asumir su incapacidad, arrogándose a una soberbia sin límites. Al presidente le avisaron de las consecuencias que podía tener esta ley y la ha defendido hasta antes de ayer. Él sigue pensando que también saldrá indemne de este envite. Eso se lo dirán el 28 de mayo, aunque el palo en las costillas se lo puedan llevar otros.

«Los votantes pueden perdonar la corrupción y los pactos con Bildu, pero no que violen a tu hermana o a tu vecina»