En medio de un opaco y desesperante período de negociaciones para formar Gobierno, consumido en discusiones sobre cuándo habrá investidura, en vez de discutir de las medidas concretas que Sánchez adoptaría para ser elegido presidente, en medio de todo eso, el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, y el secretario general de los socialistas guipuzcoanos, Eneko Anduiza, han removido el pozo de las ideologías al afirmar, el primero, que España es «una nación de naciones», y Anduiza planteando en Radio Euskadi una afirmación y una pregunta: «Castilla-La Mancha es una nación, ¿por qué no?». 
Siento que en estos malos momentos políticos vuelven en forma de eslóganes los debates sobre el Estado y la nación de hace cuarenta años. Gregorio Peces-Barba, el ponente constitucional, manifestó el 4 de julio de 1978, durante el debate del proyecto de Constitución, en la Comisión correspondiente del Congreso, que «España era una nación de naciones». Peces-Barba, como portavoz socialista, hizo esa afirmación al defender el artículo 2 de la Constitución contra una enmienda de Federico Silva Muñoz, diputado de Alianza Popular, que proponía un Estado unitario, suprimiendo ese artículo que dice: «la Nación española… reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».
Gregorio Peces-Barba hablaba de ‘nación’ referido a las ‘nacionalidades’ que están reconocidas (pero no identificadas) en la Constitución. El término ‘nacionalidades’ es relativamente antiguo. En 1887, Francisco Pi y Margall (1824-1901), expresidente de la Primera República Española, y dirigente del partido federal republicano, publicó su famoso libro Las nacionalidades, donde desarrollaba su tesis del «principio federativo», una idea parecida a la del teórico anarquista Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), y que para Pi y Margall consistía en un pacto entre los «pueblos de España» (y que él los identificaba a partir de criterios historicistas).
En 1978, el españolismo de Gregorio Peces-Barba era patente y, sin embargo, como la mayoría de los demócratas de entonces, había incorporado a su lenguaje (y a sus convicciones) muchos de los conceptos queridos del catalanismo, siendo el PSC un ejemplo de lo mismo. Por aquellos años, el PSC, y destacadamente Pasqual Maragall, prestaban una gran atención y simpatía a las tesis de un militante socialista del exilio mexicano, Anselmo Carretero (1909-2002). Carretero intervenía en los congresos del PSOE defendiendo su particular mapa de las nacionalidades españolas, que no coincidan con el mapa autonómico que se estaba configurando a partir de 1979 con la aprobación de la Constitución. 
Pero el debate de fondo se resolvió con la Constitución. España es una Nación, la soberanía nacional (Peces-Barba prefería «soberanía popular») es una e indivisible, y las ‘nacionalidades’, carentes de soberanía, eran regiones con conciencia diferencial, por su cultura, su idioma, y sobre todo, por su historia reciente. Las ‘nacionalidades’ eran comunidades que venían teniendo movimientos civiles y partidos políticos que reclamaban presencia en la política del Estado, en nombre de sus territorios, y desde los últimos años del siglo diecinueve. 
¿Cómo resolvieron los constituyentes el encaje de las nacionalidades dentro de la única Nación soberana de la Constitución de 1978? Con el «principio dispositivo». Los ponentes de la UCD, que tenían mayoría en ambas Cámaras, aceptaron cambiar (a instancia de los nacionalistas catalanes) la primera versión del anteproyecto de la Constitución (5 de enero de 1978), en el que todas las comunidades autónomas estaban concretadas en la propia Constitución, y además las competencias propias del Estado no se podían transferir a las regiones. 
En su lugar se estableció el llamado «principio dispositivo», según el cual los representantes electos (en realidad, los mandos de los partidos políticos) iban a decidir el mapa autonómico con sus votos, y al mismo tiempo, cada cinco años (artículo 148.2), podían reformar los estatutos de las regiones, dándoles cada vez más competencias propias del Estado. 
Así se irían definiendo las nuevas comunidades autónomas -el «principio dispositivo» creó regiones sin demasiado respeto a un pasado lejano, para enfado de historicistas como Anselmo Carretero-, pero las nacionalidades, en otras palabras, Cataluña, País Vasco y Galicia, su legitimidad no procedía de una historia de siglos, sino del hecho que habían plebiscitado en la Segunda República sus estatutos de autonomía (Disposición Transitoria Segunda). 
La confusión actual sobre la «nación de naciones» o «nacionalidades» se debe, en gran medida, a que los partidos políticos han forzado el «principio dispositivo» por intereses puramente electorales. El pacto constituyente se rompió hace tiempo, por unos y por otros. Así, por ejemplo, el PP de Aznar apoyó que la reforma del Estatuto de Aragón de 1997 definiese esa región como «nacionalidad», y el PSOE de Rodríguez Zapatero votó un nuevo Estatuto de Cataluña sin el apoyo del PP y (no hay que olvidarlo) de ERC. 
Si el artículo 2 de la Constitución, el que distingue «nacionalidades» y «regiones», entra en crisis, el Estado de las Autonomías dará paso a otro modelo, que en el mejor de los casos será un Estado Federal, sólo que en la estela de Abraham Lincoln, y no del gusto de Pi y Margall. En resumen, un Estado sin nacionalidades, y con un gobierno federal fuerte y centralizador.