La Constitución española de 1978 se construyó como un entramado de lealtades territoriales y políticas. Fundamentalmente soñaban los constituyentes con solucionar los problemas entre territorios que habían torturado la convivencia durante todo el siglo XX, sobre todo en Cataluña y País Vasco. ¿La fórmula? Que nadie se sintiera ajeno al proyecto nacional ni al margen de la gobernación. La lógica subyacente, obvia: si todos participan en la construcción  del país, lo verán como algo suyo. España, al fin, sería el resultado equilibrado de la implicación de  los territorios y los ciudadanos en la articulación de  un Estado  de derechos y deberes universales.
¡Ah!, pero pronto, muy pronto, se quebraría ese marco de lealtades. En el País Vasco se incrementó la acción de ETA. A los hijos y  nietos  del PNV  les incomodaba la democracia. Preferían una dictadura que pintara de heroísmo patriótico  sus atentados y crímenes. Surgirían los años de plomo, bombas  y miedo. Al PNV le vino de maravilla. Con el manejo de un doble lenguaje se apuntó a la quiebra intermitente de la lealtad en función de sus movimientos de poder, al mismo tiempo que blindaba su autonomía. «Es necesario que algunos muevan el árbol para que otros recojan los frutos», diría el Sr Arzalluz. Explicaba al  público el juego de deslealtades que había regido la actuación del PNV durante aquellos años. En Cataluña el camino se recorrió a la inversa. Se afanaron en mantener lealtades a medias, eso sí, que facilitaron la gobernabilidad de España. En paralelo, incrementaban su poder y su capacidad de influencia. Durante diversas legislaturas  crearon una burbuja identitaria en la que encerraron a sus ciudadanos a la manera de «1984», la novela de Orwell, para cuando  llegara el momento estratégico de materializar «el sueño de nuestros abuelos». 
 No fueron solo los territorios quienes quebraron las lealtades de la Constitución. También han contribuido los partidos políticos entre sí. La Constitución se articuló sobre los ejes izquierda-derecha. A ellos les correspondería  la gobernación. Lo que imponía un conjunto de lealtades básicas para ambos. Si un partido obviaba la lealtad con el adversario, la Constitución se debilitaría, de la misma manera que cuando lo hicieran los territorios. Y eso  sucedería si uno u otro,  en el proceso de andadura democrática, no admitiera, en sus relaciones  gobierno–oposición, la existencia de asuntos de Estado o  negaran, unos a otros, capacidad para gobernar. El Sr. Aznar fue el primero en quebrar esas las lealtades  al no reconocer como asunto de Estado la lucha contra el terrorismo de ETA. Crearía tendencia. En cuanto a la negación del otro para gobernar, lo escenificó el PSOE con su famoso «no es no». Un error en su formulación. Más tarde, y no sin abrasivas tensiones internas, rectificaría. En el presente es el PP el que ha adoptado la posición del «no es no». Un error, solo que agravado. Con algunas diferencias, muy sobresalientes, respecto al PSOE. Mientras la opinión pública reprochó a los socialistas su comportamiento desleal con presiones persistentes de la opinión pública, incluidas las vueltas y revueltas de los adversarios internos de Sánchez, nadie presiona ahora al PP. La mayoría de los medios de comunicación silencian o comparten que la derecha no permita a la izquierda  formar  un gobierno estable.  La olla de aquellos meses subió tanto la presión que Sánchez dimitió y el partido socialista se acercó temerariamente al  abismo. En la semana que comienza, (de celebraciones  constitucionales), el PP sestea   agazapado a la espera del fracaso de Sánchez. Poco importan España, la estabilidad de gobierno, la crisis de la economía, el  desgobierno.  Nosotros o el caos», parecen decir. En un contexto así las lealtades  constitucionales  quiebran inexorablemente.